El proyecto que obliga a las Pymes a tener guarderías y consultorios para los chicos, empresas con de cincuenta (50) empleados o más, que fue presentado por Jorge Mancini, del Frente para la Victoria, y aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Pero la iniciativa a la Unión Industrial Argentina, UIA, no le parece razonable ya que consideran que es el Estado el encargado de ocuparse de la asistencia social, ya que las compañías pagan sus impuestos.
En la Legislatura bonaerense la iniciativa involucra a firmas de 50 empleados o más a tener guarderías y consultorios para los hijos de su personal, ya tiene media sanción y ya ocupó el tema de conversaciones en la UIA.
Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la entidad, venía advirtiendo a sus pares de que esto podía suceder.
El proyecto que ya tiene media sanción en Diputados bonaerense dice que las empresas que tengan desde 50 trabajadores, estables o transitorios, en la provincia de Buenos Aires deberán instalar: «salas cunas y guarderías infantiles para el cuidado de los hijos del personal indicado», además deberán tener un consultorio para asistencia médica y primeros auxilios de los chicos. Advirtiendo, que aquellas Pymes que no cumplan «serán pasibles de una multa equivalente al valor de uno a cien sueldos mínimos de la administración pública provincial por cada mes de incumplimiento. El producido de la multa se destinará a salas maternales y guarderías públicas o comunitarias».
Funes de Rioja al ser consultado por el periodista del diario La Nación, fue terminante con su respuesta:
- «Es irrazonable esta manera de legislar. Urge que este proyecto sea revisado en consulta con trabajadores y empleadores y, además, teniendo en cuenta que las pymes no pueden absorber obligaciones de esta naturaleza, que deberían ser resueltas por el Estado y no transferidas en forma unilateral al sector privado».
- «La UIA se dirigirá al gobierno provincial y a la Legislatura».
- «Nos ha sorprendido esta iniciativa que, sin consulta al sector empresario, implica nuevas cargas».
- Y enumeró sus críticas al proyecto: «A) Legisla a nivel provincial y no en el marco nacional de la ley de contrato de trabajo. B) Modifica umbrales, imponiendo esta obligación a empresas con más de 50 trabajadores, afectando a las pymes en forma directa. C) Las salas de cada establecimiento no son sólo para hijas de trabajadoras, sino también de trabajadores, con lo que se agravan obligaciones. D) Se obliga a la empresa a servicios adicionales que no sólo implican costo, sino también responsabilidad».
