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Prórroga de Emergencia en Seguridad Pública

Hoy, mediante la publicación del Decreto 50/2017 en el Boletín Oficial, el Presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han otorgado una prórroga de emergencia en seguridad pública por un plazo de 365 días. Dicho régimen excepcional había sido establecido por el Decreto 228/2016, el cual enumeraba las iniciativas y los programas que se han llevado adelante. El Decreto 228/2016 que estableció la Emergencia en Seguridad Pública destacó la lucha contra el narcotráfico como uno de los objetivos centrales del Gobierno. En la prórroga, el Poder Ejecutivo remarca que, hasta la fecha, se han tomado diferentes medidas destinadas a dar cumplimiento del mismo, entre las cuales se encuentra el Operativo Fronteras. Además, el Decreto 50/2017 recalca que […]

Hoy, mediante la publicación del Decreto 50/2017 en el Boletín Oficial, el Presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han otorgado una prórroga de emergencia en seguridad pública por un plazo de 365 días. Dicho régimen excepcional había sido establecido por el Decreto 228/2016, el cual enumeraba las iniciativas y los programas que se han llevado adelante.

El Decreto 228/2016 que estableció la Emergencia en Seguridad Pública destacó la lucha contra el narcotráfico como uno de los objetivos centrales del Gobierno. En la prórroga, el Poder Ejecutivo remarca que, hasta la fecha, se han tomado diferentes medidas destinadas a dar cumplimiento del mismo, entre las cuales se encuentra el Operativo Fronteras.

Además, el Decreto 50/2017 recalca que se han establecido las bases para elevar los niveles de formalización de las fuerzas federales.

En su texto se recuerda que la Emergencia de Seguridad Pública fue impulsada «por la falta de respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad por parte del Estado, tales como el impacto de la inseguridad social sobre los sectores vulnerables del pueblo argentino, los delitos de trata de personas, el narcotráfico y sus delitos asociados».

Aparte, el decreto resalta el convenio por comprender «compromisos operativos; instrumentales; para la prevención y el abordaje integral de las adicciones; para garantizar la transparencia; de cooperación con la justicia y el Poder Legislativo y para la participación de la sociedad civil».

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