El día de la fecha, mediante la publicación del Decreto 70/2017 en el Boletín Oficial, se realizó una modificación a la Ley de Migraciones N° 25.871. Mediante dicha normativa, el Presidente Mauricio Macri endureció los controles para el ingreso y permanencia de extranjeros en Argentina; y se ha agilizado la deportación de aquellos que cuentan con antecedentes penales.
El decreto de Mauricio Macri que realiza la modificación a la Ley de Migraciones comienza indicando que actualmente, debido a la extensa duración de los procesos administrativos y judiciales, la deportación de un extranjero en Argentina puede llevar hasta siete años. Además, el texto recalca que, en los últimos años, se ha incrementado la cantidad de personas de otras nacionalidades bajo custodia del Servicio Penitenciario, hasta llegar al 21,35% de la población carcelaria total en 2016.
Si bien actualmente sólo hay un 4,5% de extranjeros en la República Argentina, el porcentaje asciende al 33% si se tiene en cuenta únicamente a las personas detenidas por narcotráfico.
Debido a estas causas, el Estado nacional ha creado un «Procedimiento migratorio especial sumarísimo», el cual agiliza los tiempos en la negación del ingreso y expulsión de los delincuentes.
El Artículo 29 del Decreto 70 estipula que se negará el ingreso a Argentina a aquellas personas que presenten documentación falsa u omitan informar antecedentes penales; los que cumplan condenas o tengan antecedentes «por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad» o «delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas». También se le negará el ingreso a aquellos involucrados en actos terroristas; crímenes de guerra o de lesa humanidad; o promuevan la prostitución.
Estas mismas causas también podrán ser aplicadas para cancelar la residencia sin importar la antigüedad en el país.
Para que se aplique la nueva norma, la Justicia Nacional debe informar a Migraciones sobre todos los autos de procesamiento firme, cierres de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en el plazo de 5 días hábiles de producido.
En caso de expulsión de Argentina por haber cometido o participado en un delito doloso se aplicará una prohibición de reingreso por un mínimo de 8 años pudiendo ser permanente dependiendo del caso.
La nueva Ley de Migraciones establece:
- No podrán ingresar extranjeros con condenas sobre casos relacionados al narcotráfico.
- Se diferencian los delitos comunes de los de tráfico de drogas, personas, armas, órganos y tejidos (categoría nueva) lavado e inversiones ilícitas.
- No podrán ingresar al país aquellos que tengan antecedentes penales en el país de origen o antecedentes de haber participado de alguna organización de crimen organizado, como narcotráfico, trata, tráfico de órganos. En este punto no importa que haya o no condena. En caso de que exista un informe que indique que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir su ingreso o tramitar su expulsión.
- Aquellos que hayan pagado para ser traídos al país pondrán obtener su residencia en caso de brindar información que permite encontrar al traficante de personas que los trajo.
- Se podrá impedir el ingreso a Argentina a aquellos que presenten documentación falsa u omitan informar antecedentes penales.
- Hasta el momento, ante una expulsión se prohibía el reingreso por 5 años. De ahora en más, dicho plazo asciende a 5 años para delitos dolosos y es de 5 para delitos culposos.
- La nueva normativa se aplica a las residencias en trámite.
- Se cancela la residencia permanente a aquellas personas que hubiesen permanecido fuera del país por un período superior a 2 años o la mitad del plazo acordado, si se trata de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedezca al ejercicio de una función pública argentina o se haya generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que pudiesen ser de interés.
- En caso de no tener medios económicos se tendrá derecho a recibir el patrocinio de un abogado gratis.
Obviamente, este decreto ha generado críticas en la oposición que comparan a Mauricio Macri con Donald Trump. Por lo cual, la vicepresidenta Gabriela Michett ha aclarado que la Alianza Cambiemos tiene una idea totalmente opuesta a la del actual Presidente de Estados Unidos.
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