La Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría para avanzar con un nuevo Régimen Penal Juvenil que establece una baja a la edad de imputabilidad a los 14 años. Dicha iniciativa fue impulsada por el oficialismo y contó con el respaldo de bloques aliados, alcanzando un total de 77 firmas.
El proyecto busca reemplazar el sistema vigente y establecer un régimen penal específico para adolescentes, con eje en la resocialización, la educación y el respeto a los derechos fundamentales. Entre sus objetivos principales se encuentra fomentar en los jóvenes el sentido de responsabilidad legal por sus actos, sin dejar de priorizar su integración social.
Puntos centrales del dictamen para bajar la edad de imputabilidad
El texto establece que, en todos los procesos penales contra menores de edad, deberán aplicarse los principios, derechos y garantías del sistema procesal acusatorio. Asimismo, prohíbe que las sanciones interfieran con la escolaridad obligatoria. Para ello, se prevé la implementación de programas educativos en coordinación con las jurisdicciones provinciales.
Además de la baja de la edad de imputabilidad, la pena privativa de libertad para adolescentes no podrá superar los 15 años. Los jóvenes que deban cumplir condena deberán ser alojados en institutos adecuados o en espacios separados de los adultos dentro de establecimientos carcelarios, con personal capacitado en trato juvenil.
Posturas encontradas en el debate legislativo
Durante el plenario de comisiones, se expresaron diferentes visiones sobre el dictamen del proyecto que propone una baja a la edad de imputabilidad. Mientras que desde el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista se valoró el avance de una normativa que consideran «necesaria y pendiente», otras bancadas expresaron sus objeciones.
Desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda anticiparon la presentación de despachos de minoría. Argumentaron que el proyecto no se encuentra suficientemente debatido y advirtieron sobre la falta de consenso y los riesgos de criminalizar la adolescencia. También se cuestionó la falta de un estudio profundo sobre el impacto real en la baja de delitos con una disminución de la edad de imputabilidad.
En tanto, desde bloques como la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, si bien respaldaron el dictamen, señalaron la necesidad de garantizar que se trate de un régimen garantista, que respete la dignidad de los menores y contemple medidas socioeducativas antes que punitivas.
Uno de los principales cuestionamientos al dictamen aprobado fue la falta de previsión sobre su aplicación efectiva en las provincias. Algunas voces opositoras advirtieron sobre dificultades en la infraestructura actual para albergar a menores en condiciones dignas. También cuestionan la carencia de programas específicos de rehabilitación.
