La Cámara de Diputados debatirá el miércoles 4 de junio el proyecto de ley impulsado por Daniel Arroyo que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. En caso de recibir sanción, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restituirá las Pensiones no Contributivas (PNC) dadas de baja por Anses.
El proyecto de ley ya cuenta con dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública. Contempla medidas urgentes para revertir el deterioro en el acceso a derechos, como son las PNC, y servicios esenciales para personas con discapacidad.
Andis recientemente emitió un comunicado recalcando su oposición a la sanción de esta ley.
Restitución de PNC y actualización de prestaciones
Uno de los puntos centrales del proyecto es la restitución de las PNC que fueron dadas de baja durante las auditorías realizadas por la Andis. Según Daniel Arroyo, en los últimos 14 meses se otorgaron solo 586 pensiones no contributivas de las 500.000 solicitudes presentadas, lo que representa apenas el 0,1% .
Además, la iniciativa establece la definición de un presupuesto para actualizar las retribuciones de los prestadores de servicios. Es decir, transportistas, acompañantes terapéuticos y hogares.
También se contemplan fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres protegidos. Ellos actualmente cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero de 2023.
Críticas al proceso de auditorías de Andis
El proyecto también solicita una mayor eficiencia en el proceso de control de Andis y aprobación de PNC. Arroyo criticó que el Gobierno inició una auditoría que, si bien es necesaria, no se está realizando de manera adecuada, generando un estado de desesperación entre las personas con discapacidad.
En paralelo, prestadores de servicios en discapacidad llevan adelante un paro total y movilizaciones en distintos puntos del país, como Mendoza, Rosario, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Denuncian falta de actualización de honorarios, demoras en los pagos y un desfinanciamiento sostenido del sector.
Recordemos que en las auditorías de Andis se controla que los titulares de PNC cumplan de los requisitos establecidos por el Decreto 843/2024.
