Beneficiario de PNC triste en Anses

Andis dio de baja una de cada tres PNC auditadas

ACIJ informó que la Andis dio de baja una de cada tres PNC auditadas. Además cuestionó los requisitos actuales del beneficio de Anses.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dio de baja el 35% de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez auditadas durante 2024, según datos obtenidos por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Las auditorías alcanzaron a más de 11.000 titulares de estas prestaciones abonadas por la Anses.

Más de 1,2 millones de personas en el país reciben el acompañamiento de una PNC por invalidez. Dicho número llamó la atención del Gobierno de Javier Milei por lo que inició un proceso de auditorías a principios de 2024.

Conforme a la actual gestión, se registró un crecimiento acelerado de los otorgamientos de estas pensiones en las últimas dos décadas.

ACIJ informó que se enviaron 33.925 citaciones: 12.522 fueron notificadas, 11.035 personas se presentaron y 3.854 tuvieron una evaluación desfavorable, lo que derivó en la pérdida del beneficio.

Criterios de evaluación en las auditorías de Andis a PNC

Las bajas se vinculan principalmente a un cambio en los criterios de evaluación introducido por el Decreto 843/2024. Dicha normativa no sólo exige acreditar un 66% de invalidez laboral para conservar la pensión. También establece una serie de incompatibilidades como la del trabajo formal y contar con familiares obligados a prestar atención alimentaria.

Organizaciones de derechos humanos como ACIJ, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionaron los requisitos. La mismas solicitaron que contradice el enfoque social de la discapacidad y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Estas entidades presentaron una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) al considerar que las auditorías actuales violan derechos fundamentales. Sostienen que las medidas adoptadas son regresivas e inconstitucionales, ya que condicionan el derecho a una PNC a parámetros médicos que no contemplan las barreras sociales y estructurales que enfrentan las personas con discapacidad.

Fallas en las notificaciones

Una parte importante de las bajas se explica también por problemas en el proceso de notificación. Según datos oficiales, más de 220.000 cartas documento no fueron entregadas y otras 230.000 aún están en distribución. Muchos beneficiarios de PNC no se enteran a tiempo o no pueden cumplir con los requisitos por razones de salud, movilidad o falta de recursos.

Otra de las críticas al proceso de revisión llevado adelante es referente al trámite posterior a la auditoría. Andis otorga 30 días para presentar documentación médica a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD). Sin embargo, este canal resulta inaccesible para numerosos beneficiarios que no cuentan con computadora, conectividad o asistencia para completar el trámite.

Desde el oficialismo, aclararon que la documentación no solamente puede presentarse a distancia. También se puede llevar presencialmente a una delegación de Anses o de Andis. Sin embargo, esto resulta un problema para los titulares de PNC que no viven cerca de una oficina de dichos organismos.

PNC incompatible con el trabajo registrado

La PNC por discapacidad equivale al 70% de una jubilación mínima ($213.306,75). Con el bono de $70.000 otorgado por Anses, el monto total en junio es de $283.306. A pesar de esta suma, desde ACIJ remarcan que la pensión no cubre una canasta básica ni los gastos adicionales que enfrentan muchas personas con discapacidad.

Además, como EconoBlog ya indicó, el decreto vigente establece que las personas con empleo formal no pueden acceder a la pensión, lo que limita su autonomía y contradice los compromisos asumidos por el país en materia de vida independiente. De acuerdo con estadísticas de la Andis, el 87% de las personas mayores de 14 años con certificado de discapacidad no tiene empleo.

En este contexto, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que declara la emergencia en discapacidad hasta 2026. La iniciativa contempla mejoras en los criterios de evaluación, cumplimiento del cupo laboral y condiciones para prestadores de salud, entre otros aspectos. Aún resta que sea tratado en el Senado.

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