Desde el 1° de agosto de 2025, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) ascenderá a $322.000 para trabajadores mensualizados en jornada completa. Además, se fijará en $1.610 el valor de la hora para los jornalizados. Este nuevo piso salarial fue dispuesto por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El ajuste fue determinado mediante la Resolución 5/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La normativa fue dictada por el Poder Ejecutivo luego de que las negociaciones fracasaran nuevamente, tal como ha ocurrido durante la gestión del presidente Javier Milei.
Hasta el momento, no se anunció cuándo volverá a reunirse el Consejo para determinar el próximo piso salarial.
Trabajadores que cobran el salario mínimo
El salario mínimo rige para trabajadores en relación de dependencia fuera de convenio colectivo. Sin embargo, también funciona como referencia clave en las negociaciones paritarias de diversos sectores, en especial el personal del servicio doméstico.
A su vez, es un parámetro que incide directamente en el cálculo de numerosas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Por ejemplo, determina los topes de ingresos para el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Becas Progresar y del Plan Hogar. También impacta el monto del fondo de desempleo y el Programa Acompañar, aunque este último tiene suspendido su pago desde hace mucho tiempo.
Un dato a tener en cuenta es que los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con 30 años de aportes efectivos tienen garantizado el 82% del salario mínimo. No obstante, la jubilación mínima cubre ese porcentaje dado que la jubilación mínima será de $314.305,37 en el mes de agosto de 2025.
Nuevos topes del fondo de desempleo
La actualización del salario mínimo aumentó los topes de las cuotas del fondo de desempleo. Como resultado de dicha actualización, el límite mínimo será de $157.152,68 y el máximo de $314.305,37.
Recordemos que dicha prestación se hace a los trabajadores despedidos sin una justa causa. Su gestión debe hacerse dentro de los 90 días de la desvinculación laboral.