El día de la fecha se publicó el veto firmado por el presidente Javier Milei a la declaración de emergencia en discapacidad en todo el país hasta 2027. De esta forma, el Gobierno frenó un paquete integral de medidas destinado a mejorar la asistencia a personas con discapacidad.
Beneficios de la emergencia en discapacidad
La normativa contemplaba una serie de reformas. Entre las mismas se encontraban la agilización en el otorgamiento de nuevas Pensiones no Contributivas (PNC); compatibilidad de dicha prestación con un empleo formal, siempre y cuando la remuneración sea de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles; y restitución de PNC dadas de baja.
Además requería lineamientos claros para las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), actualización de aranceles para prestadores conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y regularización de deuda con prestadores del sistema.
También contemplaba la creación de una PNC por discapacidad para protección social con posibilidad de alcance a 1.500.000 beneficiarios.
Costo de la emergencia en discapacidad
Según el Decreto 534/2025, el costo estimado de la declaración de emergencia en discapacidad junto con el aumento del 7,2% a jubilados de Anses representaba un incremento excepcional del gasto público de $1.979.537.600.000 en 2025 (0,24 % del PBI) y $4.200.200.300.000 en 2026 (0,42 % del PBI).
La ampliación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad representaría un gasto adicional de $2.166.985.900.000 en 2025 (0,26 % del PBI) y $4.706.628.500.000 en 2026 (0,47 % del PBI). Asimismo, el Programa Incluir Salud sumaba otros $574.200.000.000 en 2025 (0,07 % del PBI) y 1.239.266.000.000 en 2026 (0,12 % del PBI).
Nuevo debate legislativo
La Cámara de Diputados debatirá el veto a la emergencia en discapacidad este miércoles. Para lograr que la ley entre en vigor, es necesario que ambas cámaras insistan con una mayoría de dos tercios de los votos. De no alcanzarse ese quórum, las iniciativas no podrán volver a tratarse durante este año.
La ley contaba con un respaldo amplio. Fue aprobada en Diputados por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, y por unanimidad en el Senado, con 56 votos positivos.
