Esta semana la Superintendencia de ART aprobó un nuevo reglamento por la cual los empleadores tienen más exigencias frente a los accidentes laborales de sus trabajadores. Las empresas deberán declarar a la Administradora de Riesgos del Trabajo, ART, si tienen o no riesgos laborales en sus establecimientos y si cumplen con las normas de seguridad e higiene. La misma comprende a más de 750.000 empresas que aseguran a 7,7 millones de trabajadores.
A partir de ahora las nuevas pólizas y aquellas que se van renovando a medida que vencen los contratos, tienen la nueva obligación de informar los riegos de trabajo y sin cumplen con las normas de seguridad. Los empleadores que no informen dentro de los 180 días de vigencia de la nueva póliza tendrán un recargo del 50% sobre el valor la cuota que estén pagando.
La medida aprobada por la Superintendencia de ART, introduce precisiones sobre las obligaciones y responsabilidades, tanto de los empleadores como de las propias ART, a la hora de celebrar o de renovar el contrato.
Según la Unión de ART, con estas medidas se avanza en la reglamentación de cómo se delimitan las responsabilidades porque: «la obligación del empleador es cumplir con las normas vigentes en materia de prevención y la función de las Aseguradoras es asesorar y prestar sentencia técnica al empleador».
A la vez, que la Corte Suprema considera que hay una responsabilidad de las ART, por su rol de contralor, si se produce un accidente por causa de incumplimientos de las normas laborales.
Las empresas ya comenzaron a recibir por parte de las ART los formularios que tienen el carácter de declaración jurada. Uno es el denominado «Relevamiento General de Riesgos Laborales» que contiene unas 160 preguntas donde además de constatar la situación del establecimiento se debe consignar un Plan de Regularización de los Incumplimientos, fijando los plazos para regularizarlos. También se crea un registro de cumplimiento de normas de salud, higiene y seguridad en el trabajo en la Gerencia de Prevención y Salud Laboral. Estas medidas se ponen en marcha en momentos en que el Gobierno está por convocar a empresarios, ART y sindicatos para modificar la actual ley, en gran parte declarada inconstitucional por la Corte Suprema.
Clarín
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