Alejandra Estoup, secretaria general de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria, AB, convocó para el día jueves 28 de octubre de 2010 a las 15.30 horas, en el Auditorio «Malvinas Argentinas» de la organización, en Sarmiento al 300 de la Capital Federal, a una reunión plenaria del personal tercerizado de los call centers, en tanto que Eduardo Berrozpe, secretario de Prensa, sostuvo que «hay sectores que procuran la desestabilización del gobierno y, ello, no será permitido».
La Bancaria va en contra del personal tercerizado y convocando a un plenario y denunciando despidos y traslados en varias empresas.
Berrozpe, dijo que:
- «Hay entidades financieras como Cetelem, Columbia, Hipotecario y Comafi, entre otras, y empresarios de Action Line y Atento que amenazan con despidos y concretan traslados».
- «esas situaciones también involucran en estas y otras entidades a trabajadores del sector limpieza» y añadió que detrás de esos objetivos «se mueven personajes fundamentalistas que ocuparon cargos en los `90».
- «Todo hace suponer que nos encontramos ante una siniestra provocación. Los hechos están denunciados en el Ministerio de Trabajo y, el gremio, aguarda la convocatoria a las respectivas audiencias por parte de la cartera laboral».
- La Bancaria «no cederá en la defensa de los trabajadores que sufren el fraude de las tercerizaciones» y aseveró que «no existe motivo alguno para que las entidades -que tienen altísima rentabilidad- no paguen lo que corresponde».
- «Es mentira la argumentación de algunos según la cual con la flexibilización laboral de las tercerizaciones se crean nuevos puestos de trabajo. Lo único que se hace es destruir física y psicológicamente a trabajadores argentinos».
- «el Estado debe actuar con toda la fuerza de la ley a través de la autoridad de aplicación porque no es admisible que estos provocadores generen conflictos que, desgraciadamente, pueden terminar en situaciones como las que se dieron con el asesinato del joven Mariano Ferreyra».
- «estos sectores procuran la desestabilización del propio gobierno, que debe actuar con toda la fuerza de la ley contra quienes violan los derechos humanos de los trabajadores».
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