El presidente Javier Milei avanza con el plan de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). En dicho marco, habilitó el corte de agua por falta de pago a los usuarios del servicio. Esto marca un cambio de paradigma, ya que hasta ahora el agua era el único servicio público que no podía cortarse por mora.
Corte de agua por mora
La habilitación del corte de agua fue oficializada mediante el Decreto 493/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta norma reemplaza el marco regulatorio vigente y permite a AySA interrumpir el suministro a los usuarios en situación de deuda, conforme a lo que establezca el contrato de concesión.
Conforme a Javier Milei, esto permitirá mejorar la eficiencia operativa de la empresa y atraer inversiones privadas. Para ello, también se permitirá que la futura concesionaria utilice los ingresos del servicio como garantía para acceder a financiamiento externo.
Además, el decreto crea el Plan Director de Mejora Estratégica, un instrumento técnico no vinculante que definirá obras prioritarias cada cinco años, orientadas a extender el servicio según la densidad poblacional y la viabilidad técnica.
Privatización parcial de AySA
Otro punto central es la reconfiguración societaria de AySA. El Ministerio de Economía, que posee el 90% del capital accionario, ahora tiene facultades para vender parcial o totalmente su participación. El 10% restante seguirá en manos de los trabajadores. Esta apertura marca el inicio formal del proceso de privatización.
El texto también otorga más poderes a AySA, como auditar obras dentro del área regulada y proponer medidas técnicas al ERAS y APLA, los entes que deberán cooperar en la nueva etapa del servicio.
Consecuencias sociales del corte de agua
La autorización para realizar el corte de agua genera preocupación entre organizaciones sociales y especialistas en derechos humanos. Advierten que interrumpir el acceso al agua por motivos económicos puede agravar problemas de salud pública, especialmente en sectores vulnerables.
Hasta ahora, AySA podía reducir el caudal pero no cortar completamente el suministro. Con esta medida, el Ejecutivo elimina esa protección. El nuevo régimen entrará en plena vigencia durante los próximos cinco años, en paralelo a la adjudicación de la nueva concesión.
