Ayer miércoles, Álvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, defendió en el Senado Nacional el proyecto de ley para regular el empleo en casas particulares, sosteniendo que es «un umbral, un hito, un punto de partida» para «restañar la falta de atención que por más de 60 años este colectivo laboral ha tenido». Como ya hemos adelantado este tema será nuevamente tratado en particular en el Congreso el día 1º de junio de 2011.
Álvaro Ruiz fue invitado por Alfredo Martínez, presidente de la comisión laboral y senador por el partido de la Unión Cívica Radical, UCR, para exponer en la cámara alta sobre el proyecto del Régimen del Servicio Doméstico.
La reunión fue concretada debido a que se considera que en la iniciativa presentada y ya aprobada en Diputados habrá unas posibles modificaciones por lo tanto deberá volver a la cámara baja y demora la sanción definitiva de la Ley.
Alfredo Martínez precisó que si la comisión que preside analiza la posibilidad de efectuar modificaciones al proyecto «es para subir el umbral» de derechos y, de ninguna manera, para bajarlo.
Martínez en el auditorio del anexo del Senado, estuvo acompañado por Héctor Recalde, legislador por el Frente para la Victoria, FPV, presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, y uno de los que defiende el texto aprobado en la Cámara baja y destacó la conveniencia de que el asunto salga con un amplio consenso del Congreso Nacional.
Ruiz destacó que la iniciativa:
- «es una normativa reparadora que viene a saldar una deuda que tiene el país con un colectivo laboral» que está compuesto «en un 88 por ciento por mujeres» que históricamente «ha estado fuera de los umbrales alcanzados de protección social en la Argentina».
- Por más que el trabajo en casas particulares no tenga «fines de lucro», al no implicar una producción tangible de bienes, «ello no altera ni deja de hacer más o menos laboral la relación laboral».
De acuerdo a los trascendidos los senadores pretenden corregir del proyecto que ya fuese sancionado en Diputados, incorporaciones de licencias en casos de adopciones, que no contempla el proyecto anterior y la obligación de pagar estudios a menores contratados para los servicios.
El proyecto contempla entre otros derechos las vacaciones, licencias por maternidad e indemnización por despido, así como el cobro de horas extras y francos trabajados.
Prevé el cobro de horas extras y francos trabajados, así como también prohíbe la contratación de menores de 16 años y fija topes en las jornadas de quienes tengan entre 16 y 18.
Reconociendo un horario laboral de 8 horas diarias, con un tope de 48 semanales «un descanso semanal de 35 horas corridas a partir del sábado a las 13 horas».
