Una investigación judicial comenzó a desarrollarse en la provincia de Chaco tras la denuncia de presuntas maniobras de extorsión en oficinas de Anses y PAMI. Según la información recopilada, alguien habría obligado a empleados de ambos organismos a entregar parte de sus sueldos para conservar sus puestos de trabajo.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó un requerimiento formal de instrucción para indagar posibles delitos de acción pública.
Los hechos bajo análisis se centran en el funcionamiento de las oficinas locales de PAMI y Anses dirigidas por referentes de La Libertad Avanza. Si bien no se individualizó a funcionarios en esta primera etapa, la fiscalía dejó en claro que el proceso busca identificar a los responsables conforme avancen las pruebas recolectadas.
Aportes obligatorios y presiones partidarias en PAMI y Anses
Entre los elementos presentados como prueba, se encontraron planillas con títulos como «LLA rendición desde diciembre 2023 hasta 13/12/2024». Estos documentos detallarían pagos mensuales realizados por los trabajadores de PAMI y Anses, presuntamente bajo coerción.
Las transferencias habrían sido enviadas directamente a las cuentas de quienes encabezan las oficinas del interior de ambas instituciones. Además, diversos programas periodísticos aseguraron que las contrataciones de personal, médicos y funcionarios respondían a una lógica de alineamiento político con el partido oficialista.
De comprobarse la existencia de estos mecanismos en PAMI y Anses, estaríamos ante un esquema de financiamiento irregular con características coercitivas, lo que podría constituir una violación a la normativa penal vigente. La fiscalía considera que los empleados fueron presionados con el objetivo de garantizar su permanencia en el cargo, configurando un acto intimidatorio que encuadraría en la figura de extorsión tipificada por el artículo 168 del Código Penal.
Primeras medidas en curso
Ante estas denuncias de extorsión en PAMI y Anses, la fiscalía ya ordenó las primeras diligencias, aunque por el momento se mantienen en reserva. Dado que el caso compromete el funcionamiento de organismos nacionales, se anticipa un tratamiento exhaustivo por parte de la Justicia. La instrucción formal podría arrojar luz sobre una trama de presiones internas que no sólo afecta al personal involucrado, sino también a la transparencia de la gestión pública en la provincia de Chaco.
