El Gobierno de Javier Milei oficializó la desvinculación de los empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2025. Esta decisión se enmarca dentro del plan de transformación estatal.
Empleados públicos que serán despedidos por reprobar la prueba de idoneidad
La Resolución 48/2025 alcanza a empleados públicos de todo el Sector Público Nacional, incluyendo la administración central, organismos descentralizados, empresas estatales, sociedades con participación estatal mayoritaria, entes autárquicos y fondos fiduciarios.
A partir del segundo semestre del año, solo podrán ser contratados o renovar sus vínculos laborales quienes hayan aprobado la mencionada evaluación. Anularán aquellos contratos que se encuentren vigentes más allá del 30 de junio si no cumplen con este requisito.
El objetivo de esta reforma es alinear las contrataciones estatales con estándares de profesionalización y eficiencia. La finalidad de la medida es que los empleados públicos estén debidamente capacitados para las funciones que desempeñan.
Esta política también se extiende a empresas y organizaciones donde el Estado tiene participación mayoritaria. Por ello, las instó a adoptar criterios similares en sus procesos de selección de personal.
Características del examen
Durante 2024, el Inap convocó a unos 40.000 empleados públicos de planta transitoria a rendir el examen, que constaba de preguntas de opción múltiple. La evaluación incluía tres niveles: servicios generales, administrativos y profesionales.
Los participantes contaban con tres oportunidades para aprobar. Se les brindó material de estudio anticipadamente a través de la página oficial del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Según cifras oficiales, el 95% de los empleados públicos examinados aprobó la prueba. Sin embargo, la normativa también contempló una prórroga de los contratos hasta el 31 de marzo de 2025 para permitir completar las evaluaciones pendientes. Finalizado ese proceso, el Gobierno definió avanzar con la desvinculación de quienes no alcanzaron el nivel requerido.
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