El futuro del aumento del 7,2% a los haberes y del bono de $110.000 para jubilados y pensionados de Anses es incierto. La media sanción en Diputados abrió una nueva grieta entre el Gobierno y los gobernadores. Como resultado de la misma, los mandatarios provinciales podrían no respaldar el veto presidencial anunciado por Javier Milei.
La relación entre la Casa Rosada y los Gobernadores se tensó aún más tras el discurso del presidente ante empresarios en el Yacht Club de Puerto Madero.
Javier Milei acusó a los gobernadores de no haber cumplido con el compromiso de reducción del gasto público y los señaló como responsables de frenar el avance del modelo libertario en sus distritos. El malestar se trasladó rápidamente al plano legislativo, donde algunos mandatarios ahora evalúan no colaborar para sostener el veto al aumento de las jubilaciones.
Veto al aumento a jubilados
El año pasado, el presidente logró blindar su veto a una nueva Ley de Movilidad, por el Decreto 782/2024, gracias al acompañamiento de 87 diputados de La Libertad Avanza, el PRO y sectores aliados. Por ello, quedó sin efecto la normativa que establecía un aumento anual adicional a jubilados y pensionados, y un incremento retroactivo extraordinario.
Sin embargo, el contexto actual es diferente. Los gobernadores, incluidos algunos que hasta ahora mantenían diálogo fluido con el Gobierno, se muestran cada vez más distantes.
Desde el Gobierno reconocen que el escenario es complejo. Aunque se busca negociar ausencias o abstenciones para evitar que el Congreso imponga el aumento, las tensiones políticas y las diferencias internas dificultan la estrategia. De no lograrse el respaldo, el veto al aumento a los jubilados podría fracasar y la medida transformarse en ley.
Recordemos que los legisladores podrán dejar sin efecto el veto a jubilados con dos tercios en ambas cámaras.
Impacto fiscal de la ley en discusión
El Ministerio de Economía advierte que la implementación del aumento y del nuevo bono para jubilados de Anses representaría un costo fiscal del 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que afectaría los planes de déficit cero del Gobierno. A su vez, señalan que esto podría disparar el Riesgo País y encarecer el financiamiento de la deuda, en un contexto económico sensible antes de las elecciones nacionales.
