El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad, que había sido ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial. No obstante, decidió suspender su aplicación hasta que el Parlamento incorpore en el presupuesto nacional las partidas necesarias para financiarla.
A la espera de que el Congreso indique de dónde saldrán los fondos, se dispuso una readecuación de fondos para atender reclamos urgentes de los prestadores y garantizar la actualización de aranceles a partir del 1° de octubre de 2025.
Emergencia en discapacidad en medio de la polémica
La norma declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. El Congreso aprobó ésta por amplia mayoría en ambas cámaras, pero el presidente Javier Milei la vetó, y el Congreso rechazó ese veto.
Sin embargo, la Casa Rosada advirtió que su implementación tiene un impacto fiscal significativo. Por ello, el Congreso deberá definir cómo se financiarán los nuevos gastos.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, la creación de nuevas pensiones no contributivas (PNC), el sostenimiento del programa Incluir Salud y la compensación extraordinaria a prestadores representarían más del 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025 y 2026.
Recordemos que la ley de emergencia en discapacidad fue el primer veto presidencial en ser rechazado en más de 20 años.
Promulgación de la ley
La promulgación de la emergencia en discapacidad quedó oficializada mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial junto a la Ley 27.793. En el texto, el Ejecutivo remarcó que el presupuesto vigente no contempla los recursos suficientes y que la reasignación de partidas del Jefe de Gabinete no puede suplir la falta de una fuente de financiamiento clara y específica.
Además, mediante la Decisión Administrativa 24/2025, se dispuso una modificación presupuestaria para reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Estos fondos se destinarán a la actualización de aranceles de las prestaciones básicas de atención integral. De esta forma se responderá al reclamo de acompañantes terapéuticos, transportistas y prestadores de servicios.
Qué establece la emergencia en discapacidad
La emergencia en discapacidad dispone medidas clave para fortalecer el sistema de atención a las personas con discapacidad. Entre sus principales puntos se incluyen:
- Financiamiento para el pago a prestadores como enfermeros, transportistas y acompañantes.
- Restablecimiento del proceso de aprobación de nuevas PNC, que se encontraba suspendido.
- Incremento de la remuneración a trabajadores con discapacidad en talleres protegidos, cuya asignación estaba congelada en $28.000 mensuales desde febrero de 2023.
Es importante aclarar que la entrada en vigencia de esta ley no significa que Anses restablecerá el pago automáticamente a todas las PNC suspendidas. Esto se debe a que algunas personas dieron de baja ciertas cuentas por incumplimiento de los requisitos de acceso. Tampoco suspende las auditorías de Andis pero se deberá dar claridad sobre las mismas.
