El Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, y ambas normas recuperan plena vigencia. La Cámara Alta insistió con los textos aprobados originalmente en el Congreso, alcanzando los dos tercios necesarios para revalidarlos.
Tras la discusión, la ley que garantiza el financiamiento de las universidades públicas fue aprobada con 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones. Por otro lado, la que declara la emergencia pediátrica obtuvo 59 apoyos, 7 rechazos y 3 abstenciones.
Ley de financiamiento universitario
El proyecto reactivado impone la actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas para este año, y fija una actualización por inflación a partir de enero de 2025. Además, exige al Gobierno Nacional la recomposición de los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En el texto de la norma también obliga a convocar paritarias obligatorias cada tres meses, asegurando que la actualización salarial no sea inferior a la inflación mensual. Todos los aumentos deberán ser remunerativos y bonificables, lo que garantiza una mejora real en los ingresos del personal universitario.
Emergencia pediátrica
En el caso de la emergencia pediátrica, la ley establece una asignación prioritaria de recursos para medicamentos, vacunas, tecnologías médicas, infraestructura y personal sanitario especializado. También exige la recomposición salarial para médicos, residentes y trabajadores del sector, tomando como referencia los valores reales de noviembre de 2023.
Otro punto clave es la exención del impuesto a las ganancias para personal de salud que cumpla funciones críticas, incluyendo guardias y horas extras.
Además, el Hospital Garrahan es declarado centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de esta medida entre julio y diciembre sería de $65.573 millones.
El antecedente al veto de la ley de emergencia en discapacidad
Estas no son las primeras normas vetadas por el presidente Javier Milei que el Congreso decide reactivar. El primer veto presidencial rechazado por ambas cámaras fue el de la ley de emergencia en discapacidad, promulgada por el Decreto 681/2025. No obstante, el Gobierno suspendió su implementación hasta que los legisladores indiquen las fuentes de financiamiento.
Ese rechazo del Congreso a un veto presidencial fue el primero en más de 20 años.
