La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó el fallo que había restituido masivamente las Pensiones no Contributivas (PNC) y suspendió las auditorías. De esta manera, la decisión deja sin efecto la medida cautelar dictada en primera instancia y habilita nuevamente los controles sobre las prestaciones de Anses.
El pronunciamiento implica un giro relevante en el conflicto judicial que se generó tras la suspensión de miles de PNC por invalidez laboral en el marco del Decreto 843/2024.
Revocaron el fallo que suspendía las auditorías a PNC
En noviembre de 2025, el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca había hecho lugar a una acción colectiva promovida por el Defensor del Pueblo provincial, una asociación civil y particulares. En ese contexto, el juez ordenó a Andis restituir las PNC suspendidas en un plazo de 24 horas y declaró la nulidad de las bajas por considerarlas una vía de hecho administrativa.
Sin embargo, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) apeló la decisión. Al analizar el caso, la Cámara Federal de Tucumán revisó en primer lugar la legitimación de los actores. El tribunal concluyó que el Defensor del Pueblo de Catamarca no estaba habilitado para demandar a un organismo nacional fuera del ámbito de su jurisdicción provincial.
Asimismo, en relación con la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM), los jueces aplicaron la doctrina del caso «Halabi» de la Corte Suprema. En ese sentido, consideraron que no existía una causa fáctica homogénea que justificara una acción colectiva sobre las PNC con alcance nacional, dado que las situaciones de los beneficiarios suspendidos eran diversas.
Por lo tanto, la mayoría integrada por los jueces Mario Rodolfo Leal, Ricardo Mario Sanjuan y Marina Cossio resolvió revocar la sentencia de primera instancia. Asimismo se dejó sin efecto la inscripción del proceso como colectivo. Es decir, cada beneficiario de PNC puede iniciar su reclamo judicial de forma individual.
La Secretaría Nacional de Discapacidad puede retomar los controles
Andis fue eliminada por el Gobierno de Javier Milei. No obstante, sus funciones quedaron en manos de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Por ello, dicho organismo puede retomar las auditorías a los beneficiarios de PNC.
No obstante, uno de los magistrados votó en disidencia parcial. El juez Fernando Luis Poviña sostuvo que la cuestión había devenido abstracta tras la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). Esto es porque, como EconoBlog indicó, se estableció un nuevo marco normativo para las PNC.
Las asociaciones que impulsaron la demanda anticiparon que presentarán un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
