El Senado aprobó la Ley Penal Juvenil y fijó la edad de imputabilidad en 14 años. La iniciativa fue sancionada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. De este modo, el Congreso convirtió en ley una de las reformas penales más debatidas de los últimos años.
La Cámara de Diputados ya había dado media sanción el 12 de febrero, con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Con esta votación en el Senado, la reforma quedó definitivamente aprobada.
La nueva norma reemplaza el régimen vigente desde 1980 y modifica el esquema actual, que establecía la edad de imputabilidad desde los 16 años conforme a las leyes 22.278 y 22.803.
Edad de imputabilidad desde los 14 años
El cambio central es la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años. A partir de ahora, los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser penalmente responsables bajo un régimen especial.
Además, el esquema establece una responsabilidad progresiva. Para quienes tengan 14 años, la escala penal se reduce a la mitad. En el caso de los jóvenes de 15 años, la reducción será de un tercio. Desde los 16 años no habrá reducción de escala, aunque seguirá vigente el tope máximo previsto por el régimen juvenil.
Además, se mantiene la prohibición de aplicar prisión perpetua.
Con la edad de imputabilidad, los menores de 14 años quedan excluidos del sistema penal. En esos casos, deberán intervenir los organismos de protección integral de la niñez.
Penas máximas y límites a la prisión
La ley fija penas máximas de hasta 15 años de prisión para los delitos más graves. Sin embargo, la privación de la libertad deberá aplicarse como última opción y solo en casos donde la escala penal supere los 10 años.
Para delitos de menor gravedad, se contemplan medidas alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño y restricciones de acercamiento.
Continuidad escolar y centros especializados
Uno de los puntos clave del nuevo Régimen Penal Juvenil es que las sanciones no podrán interrumpir la escolaridad obligatoria. Con la baja de la edad de imputabilidad, as autoridades deberán garantizar programas educativos coordinados con cada jurisdicción.
Además, los adolescentes condenados deberán ser alojados en centros especializados o en sectores separados de los adultos. La ley exige que el personal esté capacitado específicamente en trato juvenil y prohíbe castigos físicos y aislamiento.
Responsabilidad de los padres
La norma también establece que los padres serán civilmente responsables por los daños causados por sus hijos menores. Esta disposición busca reforzar el compromiso familiar frente a hechos delictivos cometidos por adolescentes.
