El Gobierno dispuso un aumento en la ayuda económica destinada a trabajadores con discapacidad que se desempeñan en talleres protegidos, elevando el monto mensual a $143.890. La medida forma parte de las políticas vinculadas a la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La actualización alcanza a los beneficiarios del Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos.
Nuevo monto para trabajadores con discapacidad de talleres protegidos
La actualización fue oficializada mediante la Resolución 213/2026 del Ministerio de Capital Humano. Mediante esta normativa, se establece que la asignación mensual para los trabajadores con discapacidad de talleres protegidos será de $143.890 con retroactividad al 1° de enero de 2026.
El beneficio tiene carácter no remunerativo y se calcula tomando como referencia el 40% del salario mínimo, vital y móvil. Al momento de hacer el nuevo cálculo se tomó como referencia el piso salarial establecido para agosto ($359.725).
Funcionamiento de los talleres protegidos
Los talleres protegidos forman parte de una política pública orientada a la inclusión laboral de personas con discapacidad. El programa fue creado en 2006 mediante la Resolución 937 del entonces Ministerio de Trabajo. Su objetivo es promover la capacitación laboral y mejorar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.
Dentro de este esquema se encuentra la modalidad Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE). Éste permite a los participantes desarrollar habilidades laborales en un entorno adaptado y acompañado por instituciones especializadas.
El sistema de talleres protegidos no sólo contempla una ayuda económica mensual para los trabajadores con discapacidad. También prevé apoyo financiero para las organizaciones que administran los talleres, con el fin de financiar capacitaciones, realizar exámenes preocupacionales y cubrir seguros de riesgos del trabajo.
La medida en el marco de la emergencia en discapacidad
Capital Humano actualizó el monto se inscribe dentro del proceso de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), reglamentada por el Decreto 84/2026. Esta normativa busca fortalecer las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad, incluyendo el sistema de prestaciones, las pensiones no contributivas (PNC) y los programas de inclusión laboral.
