El Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia de Buenos Aires cumple un año desde la implementación de la ley que modificó su actualización. En este marco, el Ministerio de Mujeres y Diversidades bonaerense destacó los avances logrados.
Según se informó, la reforma al Registro de Deudores Alimentarios Morosos permitió simplificar los trámites. Además, agilizó los procesos de inscripción. Por lo tanto, hoy existen más herramientas para exigir el pago de la cuota alimentaria.
Más inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
Los datos oficiales reflejan un crecimiento significativo. En 2021 había solo 1020 personas registradas como deudores. Sin embargo, en 2025 la cifra trepó a 3659. Actualmente, el total asciende a 8510 inscriptos.
Este aumento se explica por los cambios implementados en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Desde la actualización, se puede inscribir al deudor desde el primer incumplimiento. Esto aplica tanto a cuotas provisorias como definitivas. En consecuencia, se acelera la respuesta ante la falta de pago.
Por otro lado, el 98,1% de las personas registradas son varones. Esto evidencia una desigualdad estructural en las tareas de cuidado. En la mayoría de los casos, las mujeres quedan a cargo de la crianza.
El incumplimiento de la obligación alimentaria continúa siendo un problema relevante. De acuerdo con datos oficiales, el 66,5% de las madres no recibe el pago. O bien lo percibe de manera irregular.
Cabe señalar que la página oficial del Registro de Deudores Alimentarios Morosos permite emitir el certificado de libre deuda alimentaria.
Sanciones contempladas el registro bonaerense
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia de Buenos Aires establece distintas restricciones. Quienes figuran como deudores enfrentan las siguientes sanciones:
- No pueden renovar la licencia de conducir.
- No pueden acceder a créditos.
- No pueden abrir cuentas bancarias.
- Tienen impedimentos para habilitar comercios.
Estas medidas buscan generar incentivos para regularizar la situación. Es decir, apuntan a garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria.
A su vez, esta política se complementa con la Ley 15.513. Dicha normativa permite agilizar los juicios de alimentos. De esta forma, se reducen los tiempos y se simplifican los procesos judiciales.
