CABA busca aplicar multas de tránsito de hasta $7 millones y cárcel para trapitos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para endurecer las multas de tránsito y las sanciones por distintas contravenciones. La iniciativa impulsada por Jorge Macri contempla multas superiores a $7 millones para conductores alcoholizados y hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes.

Jorge Macri infirmó que la propuesta fue enviada a la Legislatura Porteña. La misma plantea una reforma integral del Código Contravencional (Ley 1.472) y de la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12).

Multas de tránsito de más de $7 millones por conducir alcoholizado

Uno de los principales cambios propuestos por el Gobierno de CABA afecta a quienes conducen bajo los efectos del alcohol.

Actualmente, las multas por esta contravención van de 300 a 2.000 Unidades Fijas (UF). Sin embargo, el proyecto eleva la escala a entre 1.000 y 6.000 UF.

Considerando que cada Unidad Fija equivale a $1.173,08, las nuevas multas serían las siguientes:

• Multa mínima: $1.173.080.
• Multa máxima: $7.038.480.
• Arresto: de 5 a 30 días.
• Inhabilitación para conducir: de 6 meses a 4 años.

En comparación, la normativa actual contempla arrestos de uno a diez días e inhabilitaciones de cuatro meses a dos años.

Hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes

La reforma también apunta a los denominados trapitos que exigen dinero a los automovilistas para permitirles estacionar en la vía pública de CABA.

En estos casos, el proyecto contempla un endurecimiento de las sanciones por reincidencia. Por ejemplo, los días de arresto podrían aumentar de 60 a 90 cuando se repiten las contravenciones.

Asimismo, se propone crear un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.

Las sanciones se incrementarían progresivamente:

• Primera reincidencia: aumento del 50%.
• Segunda reincidencia: aumento del 66,6%.
• Tercera reincidencia: aumento del 100%.

Los trapitos reincidentes no podrían cumplir el arresto en sus domicilios, salvo excepciones debidamente justificadas.

Cabe señalar que el Gobierno Nacional también trabaja en un proyecto para sancionar penalmente a los trapitos en todo el país. A diferencia de la iniciativa porteña, la propuesta nacional busca establecer penas de hasta tres años de prisión por el cobro no autorizado para cuidar vehículos.

Dichas penas podrían elevarse a seis años si existe violencia o la actividad ocurre en eventos masivos. A su vez, alcanzarían los ocho años cuando intervengan organizaciones o se utilicen armas.

Multas de hasta $58 millones para manteros

Otro de los puntos centrales de la reforma está relacionado con las actividades comerciales no autorizadas en el espacio público.

El proyecto contempla multas de hasta 50.000 UF para determinadas actividades lucrativas ilegales, como la venta ambulante sin autorización. Con el valor actual de referencia de la Unidad Fija, la sanción máxima llegaría a $58.654.000.

Nuevas multas por ruidos molestos y disturbios

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también busca endurecer las sanciones por conductas que afectan la convivencia urbana. Entre los cambios propuestos se destacan:

• Ruidos molestos: multas de hasta $703.848, tareas comunitarias de 3 a 15 días y posibilidad de hasta 10 días de arresto.
• Elementos destinados a provocar disturbios: multas de hasta $9.384.640 o hasta 45 días de arresto, además del decomiso de los elementos.
• Daños u obstrucciones a sistemas de videovigilancia pública: multas de hasta $4.692.320 o hasta 30 días de arresto, con obligación de reparar el dispositivo.

Asimismo, la reforma contempla nuevas contravenciones relacionadas con el acoso callejero, las estafas digitales, la comercialización de datos personales y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte.

CABA propone sanciones para adolescentes desde los 14 años

El proyecto modifica el régimen contravencional aplicable a adolescentes de entre 14 y 17 años.

Actualmente, los menores de 18 años están excluidos, como regla general, de la responsabilidad contravencional, salvo determinadas excepciones relacionadas con el tránsito. Debido a la baja de la edad de imputabilidad, la reforma propone establecer esa responsabilidad desde los 14 años, aunque bajo un régimen diferente al de los adultos.

Los adolescentes no podrían ser detenidos por estas contravenciones y deberían contar con defensa especializada. Entre las medidas previstas se encuentran las amonestaciones, los programas educativos, la reparación de daños y las tareas comunitarias adecuadas a su edad.