La Cámara de Diputados ha sancionado por unanimidad la Ley de Protección a Víctimas de Delitos Penales. El Proyecto presentado por el Frente Renovador había sido modificado por el Senado a fines del mes de mayo, lo cual requirió que sea nuevamente aproado por la Cámara Baja. La nueva normativa crea la figura de defensor público de la víctima y asegura su representación jurídica.
El Proyecto de Ley de Protección a Víctimas de Delitos Penales había sido aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2016. Tras un extenso debate, la Cámara Alta lo aprobó el 31 de mayo de 2017 por unanimidad con 58 votos a favor pero debió volver a la Cámara Baja a causa de una serie de cambios que se le realizaron.
Finalmente, la Cámara de Diputados convirtió el proyecto en ley con 219 votos a favor.
La norma crea Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas en todo el territorio argentino. Además, la misma establece que las víctimas tienen que ser mortificadas en caso de excarcelaciones, permisos de libertad condicional o salidas transitorias otorgadas a los acusados o condenados.
La principal modificación que efectuó el Senado al proyecto fue la creación del defensor público de víctimas. Éste estará a cargo de un magistrado por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); y 123 prosecretarios y secretarios letrados nombrados con el cargo de defensores coadyuvantes.
La Ley también contempla el otorgamiento a las víctimas del derecho de participar de las declaraciones de testigos por medio de sus abogados; recibir asesoramiento y contención a lo largo del proceso y ejecución de la pena; constituirse como querellantes; y recibir notificaciones sobre resoluciones que se tomen en el proceso judicial.
El proyecto de ley recibió el impulso de la movilización «Para que no te pase» que víctimas y familiares de delitos organizaron en el mes de octubre del año pasado.
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