Héctor Recalde, diputado kirchnerista y jefe de abogados de la Confederación General del Trabajo, CGT, presentó un proyecto de ley para penalizar el trabajo infantil, a través de la implementación de la misma, el empresario que utilice a un menor de 16 años para trabajar será reprimido con 2 y hasta 4 años de prisión. Por medio del cual, tipifica como delito el trabajo infantil, y aplica sanciones penales a los directivos o gerentes de las empresas que consientan ese tipo de prácticas “para sí o para terceros”.
De acuerdo al proyecto presentado por el diputado, la iniciativa establece la incorporación al título V “Delitos contra la libertad” del Código Penal, de un capítulo I bis, denominado “Delitos contra la Salud e Integridad de los Menores”.
En la nueva normativa, se dispone el agregado de un artículo 149 quáter, el que establece que:
“será reprimido con prisión de 2 a 4 años el que utilizare a un menor de 16 años, para trabajar en provecho propio o de un tercero”.
Buenos Aires Económico destaca que el texto de autoría de Recalde indica que:
“la pena prevista en el párrafo precedente no será aplicable en los casos contemplados en el artículo 189 bis de la ley 20.744 – Ley de Contrato de Trabajo- (t. o. 1976) y sus modificatorias”.
El texto tiene asimismo un artículo 149 quinque, en el que se puntualiza que:
“cuando se tratare de una persona jurídica, todo director, síndico, administrador, miembro de la comisión fiscalizadora o gerente de la sociedad, que consintiere de cualquier modo que el menor trabajare en provecho de aquélla, será reprimido con la misma pena”.
La iniciativa esta fundamentada en la figura penal que se pretende introducir, por lo que:
“se tiende a prevenir y sancionar el acuciante problema del trabajo infantil que repercute tan negativamente en lo económico y social, y en el ámbito de los derechos humanos, atentando contra el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de niños y adolescentes, originando graves consecuencias como el daño definitivo de su cuerpo en crecimiento y la deserción escolar”.
El texto del proyecto presentado por Recalde, después de enumerar un amplio listado de normas protectoras de los derechos de los menores, señala que:
“para lograr una aplicación efectiva de todo el plexo normativo existente, relativo a la prohibición del trabajo infantil, se hacen necesarios no sólo medios de vigilancia, contralor o inspección sino medidas que hagan totalmente eficaz su cumplimiento tales como la figura penal que se pretende introducir”.
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