La Corte Suprema de Justicia definirá antes de fin de año dos cuestiones muy importantes, si los magistrados tienen o no que pagar Impuesto a las Ganancias y cómo se tienen que otorgar los reajustes de jubilaciones y pensiones. Fuentes oficiales informaron a Ámbito Financiero que estos temas serían definidos antes de fin de año y destacaron que lo ideal hubiera sido que sea el Congreso el encargado de resolver los mismos.
Existe una gran discusión respecto al índice que se debe aplicar para ajustar los haberes de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Desde el año pasado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) presentó recursos reclamando que los jueces no orden el recalculo de haberes usando el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC). El organismo previsional solicita que se apliquen los ajustes mediante la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
El RIPTE es informado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) y se calcula tomando los aportes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Este indicador forma parte del actual cálculo del Índice de Movilidad, el cual se modificó desde este año con la reforma previsional.
En la mayoría de los casos, el ajuste por RIPTE es menor al realizado por el ISBIC. De acuerdo a información suministrada por abogados, la diferencia va del 20% al 60%.
La decisión que tome la Justicia respecto a este tema impactará en unos 150.000 juicios por reajuste de haberes que actualmente se encuentran en junio.
EL oficialismo teme que un fallo en contra del RIPTE pueda generar conflicto en otros temas. Por ejemplo, dicho indicador se toma para los cálculos de las indemnizaciones por accidentes de trabajo.
Por otra parte, la Justicia también tiene previsto tratar el 20 de noviembre la medida cautelar que impide el cobro de Ganancias a los jueces. La misma fue presentada por la Asociación de Magistrados luego de que el Congreso Nacional sancionara una iniciativa que dispuso el cobro del tributo a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial nombrados con posterioridad a 2017.
