El bloque Justicialista en la Cámara de Diputados ha presentado un Proyecto de Ley para restablecer Devolución de IVA a jubilados; pensionados; empleados domésticos; y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo para la Protección Social y Pensiones no Contributivas (PNC). De esta forma se busca que los sectores más vulnerables de la sociedad puedan acceder a dicho beneficio, el cual el Gobierno Nacional decidió no prorrogarlo para poner su foco en otras iniciativas.
El proyecto de ley no sólo propone que se restablezca el reintegro del IVA al grupo de personas que ya lo percibían, también contempla una ampliación del tope de devolución a 620 pesos.
La iniciativa fue promovida por la bancada que integra el peronista salteño Pablo Kosine argumentado que el Gobierno no ha dado señales de otorgar una prórroga a tal beneficio. «Los jubilados no pueden seguir esperando mientras», aseguran.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ya ha confirmado que no se prorrogará el reintegro debido a que se desea concentrar los esfuerzos en otras iniciativas de inclusión financiera.
La devolución del IVA a jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y Pensiones no Contributivas fue establecida por la Ley 27.253 a mediados de 2016 con un tope de 300 pesos. El reintegro consistía en el 15% del Impuesto al Valor Agregado de las compras abonadas con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria en la cual se cobran los haberes mensuales. Dicho incentivo a utilizar medios electrónicos de pago estuvo en paralelo al 5% del tributo que se aplicaba al resto de los ciudadanos por operaciones menores a 1000 pesos, lo cual fue derogado a fines de ese mismo año.
Con la Reforma Tributaria (Ley 27.430) se incluyó al grupo de beneficiarios del reintegro del 15% a los trabajadores del servicio doméstico.
El Proyecto de Ley propone que se extienda este beneficio desde el 1ero de enero de 2019 hasta el mes de diciembre de 2020 con un tope máximo de devolución de 650 pesos facultando al Poder Ejecutivo a actualizar el mismo de acuerdo a los avances de la inflación.
