Los diputados aceptaron analizar se incluya dentro de las prórroga de la Emergencia Económica «prohibición para despedir personal por 180 días». Este fue un pedido puntual realizado por el diputado Claudio Lozano, en consonancia con las exigencias elevadas al Gobierno por la CTA . A su vez, diputados del bloque SI, que conduce Eduardo Macaluse, también solicitaron ayer que se sancione alguna ley que tienda a preservar el empleo. Por otro lado, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, reconoció que la prioridad del Ejecutivo es generar y mantener empleo. «Nunca nos oponemos a medidas que vayan en ese camino», aseveró el funcionario. Frente a este contexto de incertidumbre internacional y local, la UIA en su afán de brindar certidumbre, reconoció que muchas empresas multinacionales están despidiendo personal «por si las dudas».
Debido a que gran parte de los empresarios suspenden o despiden personal «por si las dudas», en los pasillos del Congreso suena cada vez más fuerte la necesidad de tomar alguna medida para defender los puestos de trabajo. Aparte del anteproyecto redactado por Héctor Recalde para implementar una doble y triple indemnización, otras ideas comenzaron a sonar. Durante la discusión sobre la Emergencia Económica en la Comisión de Presupuesto, el diputado Claudio Lozano solicitó incluir dentro del capítulo social de la ley dos modificaciones: la prohibición para despedir personal por 180 días y la asignación universal por hijo. Esto fue aceptado por el bloque oficialista solicitándole que lo haga por escrito.
Lo mas probable en ser incluido dentro del proyecto de Emergencia Económicas es el punto de la prohibición de los despidos. De todas maneras, el oficialismo firmó el dictamen de mayoría tal como llegó del Ejecutivo y Lozano firmó su proyecto. Las modificaciones finales se realizarían en el recinto, en caso de que el Ejecutivo acepte esa inclusión. Y de modificarse la normativa, Lozano comprometió su voto positivo, que podría arrastrar a los del bloque del SI.
Hugo Moyano, titular de la CGT, ya tiene en sus manos el anteproyecto de ley para implementar una doble y triple indemnización.
Héctor Recalde, diputado del Frente para la Victoria, dijo que «Ahora se verá el sentido de oportunidad para aplicarla», y que es preferible «apostar a un acuerdo» entre el sector privado y el Gobierno. La presión es la principal arma de fuego de la central obrera. Desde el Frente para la Victoria interpretan la arremetida de la CGT como «la necesidad de resarcirse como gremio frente a sus afiliados y no porque crea que es la medida correcta a tomar».
Otros diputados también reclaman que el Congreso tome cartas en el asunto, manifestaron la necesidad de que el Parlamento no llegue tarde con las medidas tendientes a «prevenir males mayores». La legisladora del SI indicó ayer que el Congreso tendría que sancionar «alguna ley para evitar despidos de trabajadores».
Por el momento, el Ministerio de Trabajo está presionando fuertemente a través del procedimiento preventivo de crisis, por el cual todas las empresas tienen que informar al Ejecutivo cualquier despido. De no hacerlo, entra a correr automáticamente la conciliación obligatoria. Sin embargo, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, reconoció que el «Gobierno estudiará todas las medidas posibles para evitar que se produzcan despidos».
La Unión Industrial Argentina volvió a criticar la iniciativa de «doble y triple» indemnización de la CGT y el pedido de prohibición de despidos de la CTA, al calificarlas de «medidas facilistas». Más allá de estas críticas, UIA no recomendó ninguna contrapropuesta, a pesar de que su titular, Juan Carlos Lascurain, aseguró de que muchas multinacionales están despidiendo personal «por si las dudas».
20/11/2008 – Página/12
