Ante la crisis habitacional, el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, ha presentado un proyecto de ley ante la Legislatura Porteña para crear un programa de alojamiento transitorio directo a las familias que se encuentran en situación de calle. Además, la iniciativa propone suspender los desalojos por un año en Capital Federal, polémica propuesta que, obviamente, no ha caído nada bien a los propietarios de inmuebles.
De acuerdo al Ceso 2010, un 2,8% de la población de la Ciudad de Buenos Aires habita propiedades sin tener permiso de los dueños. Esto representa unas 226 mil personas.
El titular de la Defensoría del pueblo decidió presentar el viernes pasado un paquete de propuesta tendientes ayudar a los miles de porteños que viven en propiedades de forma ilegal.
Alejandro Amor asegura que estas personas usurpan propiedades inmuebles a causa delas sucesivas crisis económicas que han azotado al país, las cuales los llevaron a perder sus empleos. Él considera que esta es una situación injusta debido a que muchos de esos bienes son vendidos a inversores que, tras el desalojo, los convierten en hoteles para ofrecerlos al Estado para que alberguen a gente en situación de calle.
Es por esta razón que considera que se deberían suspender los desalojos administrativos y/o judiciales por el término de un año y que se traspasen los trámites de desalojo al fuero porteño. Además propone la participación obligatoria del gobierno de la Ciudad en todas las subastas judiciales de inmuebles, la modificación del fondo hábitat sustentable y la creación de un programa de alojamiento transitorio directo a familias en situación de calle.
También ha propuesto la regulación del instituto jurídico de «Amigo del Tribunal» o «Amicus Curiae» para los procesos judiciales en trámite ante el Poder Judicial.
Amor asegura que en la mayoría de los juicios por desalojo llevados adelante ante juzgados nacionales con asiento en la Ciudad se provoca una vulneración de sistema del Gobierno Federal y atenta contra la autonomía de la Ciudad.
En este último año, la Defensoría del Pueblo ha intervenido en 43 juicios por desalojo. De los mismo, 22 ya se han ejecutado afectando a 131 grupos familiares y 21, que involucran a 364 familias, están en proceso.
