La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) anunció una ampliación a sus planes generales de pagos para regularizar deudas vencidas. El organismo recaudador dirigido por Cristian Girard indicó que, desde el 3 de agosto, los bonaerenses podrán acceder a un conveniente financiamiento para regularizar impuestos adeudados con vencimiento previo al 31 de mayo pasado.
Arba amplió los planes de pagos para ayudar a los contribuyentes de la provincia a regularizar su situación en el actual contexto del coronavirus.
Previamente a esta medida, el régimen permanente únicamente permitía cancelar deudas de 2 años anteriores sin contemplar las vencidas en el período en curso.
El titular de Arba afirmó que esta ampliación beneficia a 1.200.000 contribuyentes y recalcó que, gracias a la digitalización de gestiones que se viene haciendo, la adhesión se podrá hacer a distancia por la web. Aparte, él comentó que esta medida forma parte del programa de asistencia impulsado por el Gobernador Bonaerense, Axel Kicillof, para acompañar y sostener a todos los sectores que fueron afectados por la cuarentena.
El plan de regulación abarca deudas judiciales o prejudiciales vencidas a 31 de mayo en los impuestos Inmobiliario (Básico y Complementario), Automotores, Embarcaciones Deportivas, Ingresos Brutos y Sellos. También comprende a los planes de pago caducos a dicha fecha.
La deudas prejudiciales se pueden cancelar en hasta 60 cuotas. Las que se encuentran en instancia prejudicial cuenta con un financiamiento de 24 ó 36 cuotas dependiendo de las condiciones.
Paralelamente sigue vigente el programa especial orientado a pequeñas y medianas empresas (Pymes) y microempresas, las cuales pueden regularizar sus deudas en hasta 120 cuotas con una tasa de interés fija o en 3 cuotas sin interés.
También se instrumentarán dos nuevos planes, uno para empresas que que actúan como agentes de retención y otro para aquellos cuya actividad fue afectada por la emergencia sanitaria. Los mismos se suman a las bonificaciones de hasta el 50% e el impuesto sobre los ingresos brutos, la reducción de alícuotas en regímenes de recaudación y la elevación a $300.000 del monto que posibilita acceder al trámite de devolución y compensación automática de saldos a favor.
