Un grupo de familias presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal contra la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La acción judicial busca que se declare la nulidad de la medida adoptada por el Poder Ejecutivo y que se ordene la aplicación inmediata de la norma.
Esta causa, registrada bajo el expediente FSM 44035/2025, tramita en el Juzgado Federal de Campana, Secretaría Civil N° 2, bajo el título: «J, O.G. (en representación de sus hijos) y otro c/Estado Nacional – Presidencia de la Nación s/Amparo Ley 16.986».
Este recurso colectivo tiene alcance nacional y representa a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Es decir, todas aquellos que requieren prestaciones establecidas por la Ley 24.901. También abarca a grupos familiares y cuidadores afectados directamente por la suspensión de la emergencia en discapacidad.
Amparo colectivo para que entre en vigencia la emergencia en discapacidad
El objetivo central de la demanda es que se declare la nulidad absoluta del artículo 2° del Decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
Esta norma fue promulgada tras ser rechazado el veto a la misma. Sin embargo, su implementación fue bloqueada por el Poder Ejecutivo, que exige a los legisladores que identifiquen las fuentes de financiamiento para su puesta en marcha.
El recurso judicial solicita que la ley comience a regir de forma inmediata, y que su aplicación tenga efectos expansivos, beneficiando a todas las personas comprendidas en el colectivo representado, aun sin adhesión individual al expediente.
Adhesión de las personas afectadas
Aunque la acción tiene carácter colectivo, quienes deseen adherir expresamente al amparo a favor de la emergencia en discapacidad deben hacerlo. Para ello tienen que contar con un abogado matriculado en el fuero federal.
El Registro Público de Procesos Colectivos incorporó la presentación conforme a lo establecido por la Acordada 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia. Esto garantiza el seguimiento institucional del expediente y la transparencia en su desarrollo.
