Con la reciente reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, las Pensiones No Contributivas (PNC) vuelven a ser compatibles con el empleo registrado. Es decir, sus beneficiarios pueden trabajar formalmente sin perder el pago de Anses.
Compatibilidad de PNC con el trabajo registrado
En 2023, el Decreto 566/2023 permitió, por primera vez, que las PNC fueran compatibles con el empleo formal, siempre que el beneficiario no superara un tope de ingresos. Esta disposición buscaba incentivar la inclusión laboral sin penalizar a quienes lograran insertarse en el mercado de trabajo.
Sin embargo, en 2024, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 843/2024, eliminando esta compatibilidad y retomando los requisitos originalmente establecidos para acceso al beneficio. Dicha decisión generó fuerte rechazo por parte de organizaciones sociales y beneficiarios, que advirtieron sobre un retroceso en la autonomía económica de las personas con discapacidad.
Con la entrada en vigencia de la Ley 27.793 reglamentada a través del Decreto 84/2026, se restablece la compatibilidad entre la PNC y el empleo formal. Esta medida permite:
- Mantener la PNC si se accede a un trabajo formal con ingresos menores a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Es decir, la remuneración mensual del titular debe ser de hasta $693.600 en febrero de 2026.
- Fomentar la inserción laboral como parte del modelo social de discapacidad adoptado por la normativa.
Si bien la ley ya tiene vigencia, antes de insertarse en el mercado laboral formal, EconoBlog recomienda esperar a que se culmine con la conversión de las actuales prestaciones en la nueva pensión no contributiva por discapacidad para la protección social.
No obstante, se debe aclarar que esta compatibilidad no se aplica a las titulares de la PNC para madres de siete hijos. La misma es sólo para los beneficiarios de la pensión no contributivas por discapacidad para la protección social.
Un cambio estructural en las políticas públicas
La ley reconoce a la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Asimismo, establece mecanismos de auditoría y actualización de aranceles para prestadores, crea una PNC específica y garantiza la centralización de la política pública en la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Conforme a lo establecido por el Congreso, la ley tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha que es prorrogable por un año.
