El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno de Javier Milei trabajará en una nueva Ley de Discapacidad. Al hacerlo aclaró que la normativa seguirá contemplando aumentos de Anses a los beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC).
Nuevos criterios para aumentos de PNC
Según explicó Manuel Adorni, el objetivo del Gobierno es focalizar los recursos en quienes realmente cumplen con los requisitos para acceder a una PNC. En ese sentido, remarcó que no se continuará con políticas que, según su visión, generen un uso ineficiente de los fondos públicos.
«Los aumentos que daba el Gobierno anterior eran efímeros porque, como estaban financiados con la emisión monetaria, se los comía la inflación», indicó el Jefe de Gabinete al referirse a los aumentos aplicados a las PNC con la vieja ley de movilidad.
«Vamos a dar aumentos solo a los que tengan incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado solo para hacer clientelismo», aclaró.
«No vamos a repartir plata que no hay y conducen a fundirnos como país y asumirnos a todos en la pobreza», aseguró Adorni.
Estas declaraciones se realizan en medio de la conversión de las actuales prestaciones de Anses al nuevo régimen de Pensión no Contributiva por Discapacidad para la Protección Social. Dicha PNC es compatible con el trabajo registrado, algo que va en contra del reciente anuncio realizado por Adorni.
Una nueva Ley de Discapacidad en camino
Adorni también confirmó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Sin embargo, no brindó detalles sobre qué cambios concretos incluirá la iniciativa ni cómo impactará en las actuales PNC.
A pesar de la poca información que brindó, el funcionario recalcó que las nuevas leyes permitirán que el sistema sea sustentable.
El anuncio se da en un contexto en el que ya se encuentra en marcha la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), cuya aplicación fue ordenada por la Justicia tras la suspensión inicial dispuesta por el Poder Ejecutivo.
