El 5 de septiembre de 2026 entrará en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, que contempla penas de hasta 15 años para adolescentes de entre 14 y 17 años. La Ley 27.801 modifica el tratamiento judicial de los menores que cometan delitos y reduce la edad de imputabilidad.
Mediante la sanción de la Ley 27.801 se redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, tendrán un régimen diferenciado respecto del aplicado a los adultos.
Penas de hasta 15 años para adolescentes
Uno de los principales cambios de la Ley Penal Juvenil es el establecimiento de penas máximas de 15 años de prisión. Dicho límite alcanza a los hechos de mayor gravedad contemplados por la normativa.
Entre ellos se encuentran homicidios, secuestros, abusos sexuales y robos violentos. No obstante, el nuevo sistema establece que la privación de la libertad debe utilizarse como último recurso.
Por esta razón, las penas de prisión no serán la única respuesta prevista frente a un delito cometido por un adolescente. La Justicia podrá disponer diferentes medidas dependiendo de las circunstancias de cada caso.
Sanciones alternativas a las penas de prisión
Para los casos en los que no corresponda una pena privativa de la libertad, la Ley 27.801 incorpora medidas con una finalidad restaurativa. Entre las alternativas previstas se encuentran:
- Trabajos comunitarios.
- Amonestaciones.
- Restricciones de circulación.
- Medidas para reparar el daño causado.
De esta forma, el nuevo régimen busca combinar la responsabilidad penal con herramientas orientadas a la educación y resocialización del adolescente.
Justicia especializada para menores
Otro aspecto importante de la reforma es la intervención de funcionarios especializados en niñez y adolescencia. Los procesos estarán a cargo de jueces, fiscales y defensores preparados para actuar dentro del Régimen Penal Juvenil.
Asimismo, los adolescentes privados de su libertad deberán permanecer separados de los detenidos adultos. La normativa contempla establecimientos o sectores especialmente adecuados para jóvenes en conflicto con la ley penal.
Además, las penas no podrán impedir la continuidad de los estudios. La escolaridad constituye uno de los aspectos que deberán garantizarse durante el cumplimiento de las medidas judiciales.
