La Cámara de Diputados volverá a debatir mañana la baja en la edad de imputabilidad penal. Será en el marco de una reunión conjunta de comisiones donde se buscará definir un dictamen que habilite el tratamiento en el recinto. Aunque el oficialismo impulsa que la responsabilidad penal comience a partir de los 13 años, no logró hasta ahora el consenso suficiente.
El proyecto del Gobierno fue presentado en julio del año pasado y propone modificar la legislación vigente que fija la edad mínima de imputabilidad en los 16 años. Sin embargo, las diferencias con bloques aliados y la oposición impidieron que avanzara en el Congreso.
Este nuevo intento por lograr acuerdo tendrá lugar en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Justicia; Presupuesto y Hacienda; y Familias, Niñez y Juventudes. La expectativa del oficialismo es destrabar el debate con el respaldo de legisladores del PRO, UCR, MID y otros aliados.
Disenso sobre la edad de imputabilidad y los delitos punibles
En el Congreso existe cierto respaldo a reformar el régimen penal juvenil, pero las posturas difieren en aspectos clave como la edad de imputabilidad y el tipo de delitos que justificarían una condena. Algunos sectores de la oposición dialoguista, como la UCR y Hacemos Coalición Federal, plantean que la imputabilidad comience desde los 14 años.
Uno de los proyectos más discutidos es el de Carla Carrizo (UCR), que propone penas para adolescentes de entre 14 y 16 años en casos de delitos con penas superiores a los 10 años de prisión. A su vez, las iniciativas del PRO y Hacemos Coalición Federal coinciden en fijar la edad de imputabilidad en 14 años, con la privación de la libertad como último recurso.
Por otro lado, el peronismo se opone mayoritariamente a modificar la legislación actual. El proyecto presentado por María Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) propone mantener el límite en 16 años, con responsabilidad penal solo en delitos de más de tres años de condena. Incluso sectores más duros de UxP y la izquierda presentaron iniciativas de rechazo a la propuesta del oficialismo.
La postura de la Iglesia y las críticas al sistema
El debate también generó reacciones fuera del ámbito legislativo. Desde la Iglesia Católica se expresó una postura crítica frente al avance de estos proyectos que bajan la edad de imputabilidad. El obispo Dante Braida advirtió que el encierro de menores no es la solución adecuada y reclamó políticas de prevención y reinserción.
Además, diferentes actores señalaron la falta de infraestructura y recursos para aplicar el nuevo régimen. Ninguno de los proyectos actualmente en discusión contempla partidas presupuestarias para construir centros específicos para adolescentes en conflicto con la ley.
