La Cámara de Diputados rechazó la derogación de la Emergencia en Discapacidad durante el tratamiento del Presupuesto 2026. Si bien el oficialismo logró aprobar la iniciativa en general, el Capítulo XI fue eliminado antes de la media sanción, lo que permitió que sigan vigentes tanto dicha ley como la de financiamiento universitario.
El Gobierno de Javier Milei rechaza rotundamente las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.
Tal es así que el Congreso vetó esas leyes tras su sanción, pero ambas cámaras lograron sortear el veto al obtener dos tercios de los votos. A pesar de ello, aún no se implementan debido a que las autoridades alegan que no hay fondos suficientes. Intentando dejarlas sin efecto, se incluyó su derogación en el tratamiento del Presupuesto 2026.
Votación del Presupuesto 2026 en Diputados
La Cámara aprobó en general el Presupuesto 2026 con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Para alcanzar ese resultado, el oficialismo contó con el respaldo del interbloque PRO-UCR y de varios gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada.
Sin embargo, al momento de votar en particular por capítulos, la situación cambió. El capítulo XI, que incluía la derogación de la Emergencia en Discapacidad y del financiamiento universitario, fue rechazado por 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones.
Además de intentar derogar la Emergencia en Discapacidad, el capítulo XI proponía eliminar la movilidad de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), y modificar el alcance de la Ley de Zonas Frías.
Ley de Emergencia en discapacidad
Recientemente, el Juzgado Federal de Campana hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó al Gobierno de Javier Milei aplicar la ley de emergencia en discapacidad de forma urgente. Es decir, la Justicia dejó sin efecto al Decreto 681/2025.
La norma vigente establece un conjunto de medidas clave para el sector. Entre ellas se encuentra la garantía de financiamiento y actualización de aranceles para prestadores de servicios al sector.
Asimismo, la ley restablece el otorgamiento de nuevas Pensiones no Contributivas (PNC) y agiliza las altas que habían sido suspendidas. Al mismo tiempo, la emergencia en discapacidad compatibiliza dichas prestaciones con el empleo registrado.
También exige transparencia en las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
