Multas por no aceptar tarjetas de débito y ofrecer descuentos en efectivo

Las inspecciones realizada por Arba (Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires) a lo largo de la pasada temporada de verano arrojaron que muchos negocios sólo aceptan efectivo en la Costa Atlántida, cosa que va en contra del Decreto 1387/2001 de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Es por esta razón que el Gobierno presentó un Proyecto de Ley que estipula multas de hasta $30.000 a comercios que no acepten tarjetas de débito y ofrezcan descuentos en efectivo.

El Decreto 1387, conocido como “Ley Posnet”, publicado por AFIP en el año 2001 establece que todos los negocios ubicados en localidades con más de 5.000 habitantes se encuentran obligados a aceptar tarjeta de débito como medio de pago. Esta medida es considerada como anticonstitucional por algunos empresarios, quienes recalcar que este servicio genera costos de instalación y de mantenimiento reduciendo su rentabilidad.

A pesar de lo que los comerciantes consideran, el fisco dio a conocer la semana pasada un fallo a su favor sobre este tema.

Como si fuera poco, el oficialismo decidió presentar un proyecto de Ley para que los locales que vendan bienes o presten servicios deban aceptar obligatoriamente pagos por transferencia bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito. De esta forma se busca que se formalice y profundice esta obligación.

En dicha normativa, que debe ser aprobado por la Comisión de Presupuesto antes de tratarse en el recinto, se indica que la falta de posnet debe ser considerada un delito fiscal similar a la falta de entrega de factura o comprobante. Además se estipulan multas por no aceptar tarjetas de débito y ofrecer descuentos en efectivo de hasta 30.000 pesos y clausuras de tres a diez días.

En esta normativa se dan facultades a AFIP para que establezca los montos mínimos de operaciones en las cuales se puede optar por no aceptar este medio de pago. Dicho tope actualmente es de 30 pesos.

Un dato a tener en cuenta es que el Decreto de 2001 y el Proyecto de Ley tienen distintos objetivos. Mientras el primero buscaba que circule el dinero que había sido retenido por el “corralito”, esta legislación se encarga de que no se produzcan evasiones en las operaciones comerciales minoristas.

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