La Legislatura de San Luis ha sancionado un polémico Proyecto de Ley, presentado por el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, que impone el pago de un impuesto a los empleadores que no contraten empleados puntanos o que éstos no tengan una residencia mínima de cinco meses en dicha provincia. El tributo que se tendrá que abonar será el 10% sobre el sueldo del trabajador.
Contando con el visto bueno de Compromiso Federal y del Frente para la Victoria, el impuesto de San Luis por contratar empleados no puntanos o con una residencia menor a 5 años en la provincia generó fuertes críticas por parte de la oposición. La Alianza Cambiemos consideró que dicho gravamen es discriminatorio entre los argentinos yendo en contra de la Constitución Nacional dado que se impone como una pena a aquellos empleadores que contraten a personas de otras provincias o nacionalidades.
Respecto a la crítica de Cambiemos, senadora provincial oficialista Mabel Leyes recalcó que el Gobernador no discrimina y destaca, en cada uno de sus discursos, que puntano es aquel que nació y eligió serlo. Además, la funcionaria recalca que la finalidad de esta norma es defender a la familia puntana.
La nueva ley establece la creación del Registro del Empleo Puntano. Los empleadores que contraten personal que no haya nacido en la Provincia de San Luis o que no cuente con una residencia menor a la establecida deberán pagar a dicho organismo un 10% de la remuneración bruta mensual del dependiente.
La norma estipula que no se deberá pagar dicho impuesto por los empleados con especialidades de comprobada escasez en la provincia; el personal contratado al momento de entrada en vigencia la Ley; y los egresados de escuelas técnicas, institutos de formación superior, universidades provinciales y universidades nacionales radicadas en el territorio de la Provincia.
Cabe señalar que el diputado radical Alejandro Cacace ha denunciado a Alberto Rodríguez Saá por discriminación y xenofobia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI). El funcionario afirma que esta Ley elimina derechos consagrados para todos los argentinos, como es el acceso al trabajo en todo el territorio argentino.
