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No Habrá Aumentos en las Tarifas de los Servicios Públicos

Según declaraciones brindadas a Télam por Julio De Vido, ministerio de Planificación, negó posibles aumentos en las tarifas de los servicios públicos, saliendo a responder por los reclamos del sector eléctrico. Asegurando «taxativamente» que «se esté estudiando cualquier modificación en las tarifas de ningún servicio público». Y que «este esquema tarifario vigente desde 2003 permitió lograr importantes avances en la capacidad generación y transporte de energía, así como la ampliación de gasoductos». Por lo que de esta manera, el funcionario dijo que: «Logramos así que la Argentina cuente con la energía necesaria y a un costo competitivo en un período en que su producto bruto interno creció más de 50 por ciento». «no está en estudio ningún aumento ni de […]

Según declaraciones brindadas a Télam por Julio De Vido, ministerio de Planificación, negó posibles aumentos en las tarifas de los servicios públicos, saliendo a responder por los reclamos del sector eléctrico. Asegurando «taxativamente» que «se esté estudiando cualquier modificación en las tarifas de ningún servicio público». Y que «este esquema tarifario vigente desde 2003 permitió lograr importantes avances en la capacidad generación y transporte de energía, así como la ampliación de gasoductos».

Por lo que de esta manera, el funcionario dijo que:

  • «Logramos así que la Argentina cuente con la energía necesaria y a un costo competitivo en un período en que su producto bruto interno creció más de 50 por ciento».
  • «no está en estudio ningún aumento ni de suma fija ni de ningún otro tipo».

De Vido realizó las declaraciones en respuesta a una publicación realizada por un diario económico, en la que un empresario del sector eléctrico aseguraba que «la tarifa debería subir 20-25 pesos para acomodarse».

Los empresarios de los sectores gasífero y eléctrico confían en que a partir de marzo entrarán en vigencia las tarifas que surjan de la Revisión Tarifaria Integral, RTI.

La RTI es parte de la revisión integral de los contratos de las empresas de servicios públicos privatizadas que debería llevarse a cabo cada cinco años, pero que desde 2000 no se efectúa.

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