El Gobierno de Javier Milei implementó un nuevo mecanismo para facilitar las denuncias contra obras sociales y empresas de medicina prepagas. A través de esta medida, los usuarios del sistema de salud podrán realizar reclamos de forma más ágil, con plazos claros y procesos más eficientes.
Este nuevo esquema responde a una necesidad histórica de los afiliados: agilizar la gestión de reclamos frente a irregularidades en obras sociales y prepagas, que muchas veces retrasan la atención o niegan prestaciones. En este contexto, la Superintendencia de Servicios de Salud definió un procedimiento más claro y efectivo para canalizar esas denuncias.
Procedimiento unificado y sanciones más duras
La medida fue oficializada mediante la Resolución 951/2025, que establece un marco normativo común para todas las denuncias de beneficiarios y para las faltas detectadas por el organismo fiscalizador. En adelante, las obras sociales y las prepagas tendrán un plazo máximo de cinco días corridos para responder a los requerimientos, y los trámites deberán resolverse en no más de treinta días hábiles.
Entre los cambios más relevantes se destaca la inversión de la carga de la prueba. Es decir, si las entidades no responden a tiempo o sus descargos son evasivos, se presumirá que incumplieron. Solo podrán revertir esa presunción si presentan pruebas suficientes dentro del plazo establecido.
También se actualizó el régimen de sanciones, que ahora se mide en módulos equivalentes a la jubilación mínima de Anses. Las infracciones se clasifican como leves, moderadas o graves, con sanciones más severas en caso de reincidencia. Algunas faltas graves (negar la afiliación, falsear datos o incumplir coberturas) podrán costar hasta 100 módulos, superando los $30 millones.
Nuevo ranking de cumplimiento de obras sociales y prepagas
Otra innovación importante es el nuevo Ranking de Cumplimiento. Este registro evaluará el desempeño de cada obra social y prepaga, y será de acceso público. Su finalidad es brindar información útil a los afiliados y fomentar la transparencia. La Gerencia de Sistemas de Información será la encargada de mantenerlo actualizado y disponible.
La normativa también habilita intervenciones directas ante situaciones de gravedad institucional, sin necesidad de agotar el procedimiento administrativo. Esto permite actuar rápidamente para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas. Asimismo, se mantienen los canales recursivos, tanto administrativos como judiciales.
El sistema se complementa con auditorías trimestrales, registros digitalizados, capacitaciones permanentes y matrices de riesgo. También se establecen métricas para monitorear la efectividad del procedimiento, como tiempos de resolución y cumplimiento de sanciones.
Por último, los expedientes que ya están en curso seguirán su trámite bajo el régimen anterior, salvo que puedan adaptarse sin afectar derechos. De esta forma, se asegura una transición ordenada hacia un modelo más eficiente y transparente para todos los usuarios de obras sociales y prepagas.
