El Ministerio de Capital Humano anunció que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por presuntas irregularidades en el uso de su sitio web oficial. Según comunicaron desde la cartera nacional, se habría bloqueado el acceso a www.uba.ar con una página con contenido de carácter político partidario.
La denuncia a las autoridades de la UBA ocurrirá tras el fuerte conflicto por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Dicha norma que había sido aprobada por el Congreso para reforzar los recursos de las universidades públicas y fue anulada por el Decreto 647/2025.
Capital Humano contra la página «noalveto.uba.ar»
De acuerdo con el comunicado oficial, Capital Humano exigió el cese inmediato de la maniobra y anticipó que solicitará una investigación sobre quiénes ordenaron la creación del subdominio https://noalveto.uba.ar.
El organismo a cargo de Sandra Pettovello considera que el uso de este canal para manifestarse contra una decisión del Poder Ejecutivo viola los principios de neutralidad institucional.
También afirmó que se estaría impidiendo el libre acceso de estudiantes y usuarios al sitio oficial de la UBA. Capital Humano indicó que esto viola derechos fundamentales vinculados a la información académica y administrativa.
UBA en el centro del conflicto universitario
La UBA es una de las universidades más activas en la defensa del financiamiento educativo. Tras el veto de Javier Milei, la comunidad académica organizó una serie de protestas, entre ellas, un paro general y una marcha al Congreso. El reclamo exige que se revierta la decisión presidencial y se garantice el funcionamiento pleno de las instituciones.
Desde Capital Humano se sostiene que la manipulación de recursos públicos con fines partidarios compromete la transparencia que debe regir en el sistema universitario nacional. Aun así, el Ministerio aclaró que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley.
Qué dice la ley vetada
El proyecto de financiamiento universitario vetado por el Ejecutivo establecía una actualización automática de gastos operativos, recomposición salarial y mayores fondos para investigación, becas y hospitales universitarios. Para el Gobierno, implicaba un gasto inviable sin fuentes de financiamiento claras, por lo cual fue rechazado.
No obstante, el Congreso tendrá la oportunidad de dejar sin efecto el veto, tal como lo hizo con el rechazo presidencial a la emergencia en discapacidad.