El presidente Javier Milei oficializó este viernes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). A partir de ahora, el Ministerio de Salud, a través de una nueva Secretaría Nacional de Discapacidad, absorberá las funciones que ejercía el organismo.
La disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad se enmarca en una política de reorganización del Estado que busca reducir estructuras descentralizadas y concentrar funciones en áreas estratégicas del gabinete.
Eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad
La decisión fue instrumentada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 942/2025, publicado en el Boletín Oficial. El texto legal prorroga la emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 y dispone la incorporación de la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, que actuará como su continuador legal y administrativo.
El DNU se fundamenta en el informe final de intervención del organismo. Éste detectó severas irregularidades en contrataciones, falta de controles internos sólidos y una infraestructura tecnológica obsoleta y fragmentada. Según el Ejecutivo, esto comprometía la eficiencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez pagadas por Anses y la operatividad del Programa Federal Incluir Salud.
Además de eliminar a la Agencia Nacional de Discapacidad, el decreto modifica la Ley de Ministerios para fortalecer las atribuciones del Ministerio de Salud en materia de discapacidad. No sólo incluye la gestión de prestaciones y pensiones, sino también nuevas competencias vinculadas al Registro Nacional de Precursores Químicos, en articulación con el Ministerio de Seguridad.
Continuidad de servicios
El Gobierno de Javier Milei garantizó que la medida no afectará la continuidad de las prestaciones para personas con discapacidad. Se mantendrán los compromisos asumidos por la antigua Agencia Nacional de Discapacidad, incluyendo personal, bienes y recursos presupuestarios.
En los considerandos, el Ejecutivo argumenta que el volumen de recursos involucrados y las deficiencias detectadas impiden aplicar el trámite legislativo ordinario. Según el texto, demorar la implementación de la reorganización podría agravar la situación de los beneficiarios y comprometer el acceso a servicios esenciales.
La normativa establece que remitirán el decreto a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis. Mientras tanto, la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad ya se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones.
