El Gobierno Nacional promulgó la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina. Con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, se modifica el sistema legal que regía desde 1980 y se establece un marco específico para adolescentes.
La medida se oficializó con la publicación de la Ley 27.801 y del Decreto 138/2026 en el Boletín Oficial. De esta forma, el Poder Ejecutivo puso en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio nacional con la baja de la edad de imputabilidad.
Cambia la edad de imputabilidad en Argentina
Uno de los puntos centrales de la norma es la reducción de la edad de imputabilidad, que hasta ahora estaba fijada en 16 años.
A partir de ahora, los jóvenes de entre 14 y 18 años podrán ser penalmente responsables por delitos previstos en el Código Penal. Sin embargo será bajo un régimen especial que contempla sanciones diferenciadas y medidas orientadas a la resocialización.
El régimen establece un sistema penal juvenil con garantías procesales específicas para menores que cumplieron la nueva edad de imputabilidad. Además, contempla medidas educativas y de reinserción social como parte del proceso judicial.
Principales puntos de la Ley Penal Juvenil
Entre los aspectos más importantes del nuevo régimen penal juvenil se destacan los siguientes:
- La edad de imputabilidad se fija desde los 14 años.
- Los menores de 14 años quedan excluidos del sistema penal.
- Se crea un régimen penal especial para adolescentes de 14 a 18 años.
- Las penas máximas no podrán superar los 15 años de prisión.
- La privación de la libertad se aplicará como último recurso.
- Se contemplan sanciones alternativas para delitos de menor gravedad.
- Los adolescentes deberán ser alojados en centros especializados o en sectores separados de adultos.
- La escolaridad obligatoria debe garantizarse durante el proceso.
- Los padres serán civilmente responsables por los daños causados por sus hijos menores.
Padres deberán responder por los daños causados por sus hijos
Otra novedad incorporada en la Ley Penal Juvenil es la responsabilidad civil de los padres por los delitos cometidos por sus hijos menores que cumplieron la edad de imputabilidad. Esto implica que los progenitores deberán responder por los perjuicios ocasionados por los adolescentes.
Esta disposición busca reforzar el rol de la familia en la supervisión y acompañamiento de los menores. Además, apunta a garantizar la reparación de los daños provocados a las víctimas.
