Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense propone que los extranjeros sin residencia permanente deban pagar por la atención en hospitales públicos y por cursar estudios en universidades estatales de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa fue impulsada por Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza.
El proyecto alcanza a la salud y educación pública de la provincia de Buenos Aires
La propuesta establece que las universidades públicas de la Provincia de Buenos Aires deberán fijar aranceles para los extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país. El monto deberá determinarse de acuerdo con el nivel de estudios que curse cada estudiante.
Asimismo, el proyecto dispone que los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones médicas. Para ello tendrán que contar con un seguro de salud para ser atendidos en hospitales públicos bonaerenses.
Sin embargo, no se podrá podrá rechazar, demorar ni condicionar la atención en situaciones de emergencia que impliquen riesgo de vida. En esos casos, el sistema de salud deberá brindar atención de manera inmediata y recuperará los costos una vez que haya estabilizado al paciente.
Para implementar el cobro a extranjeros, la propuesta prevé utilizar el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO). El mismo cuenta con herramientas para la facturación y administración de las prestaciones sanitarias.
Agustín Romo argumenta en los fundamentos de la iniciativa que los recursos de la Provincia de Buenos Aires son limitados. Por esta razón considera que deben administrarse priorizando las necesidades de los bonaerenses.
Además, considera que quienes se encuentran de manera transitoria en el país no deberían acceder gratuitamente a servicios públicos sin contribuir a su financiamiento ni contar con un seguro que cubra las prestaciones médicas que reciban.
Otras jurisdicciones ya avanzaron con medidas similares contra extranjeros
La Provincia de Buenos Aires no sería la primera en implementar este tipo de medidas. En febrero de 2024, Salta se convirtió en la primera provincia en cobrar la atención sanitaria a los extranjeros sin residencia permanente, con excepción de las urgencias y emergencias.
Posteriormente, otras provincias implementaron mecanismos similares para recuperar el costo de las prestaciones médicas brindadas a extranjeros no residentes. Entre ellas se encuentran Mendoza, Jujuy y Santa Cruz.
La jurisdicción más reciente en adoptar esta política fue la Ciudad de Buenos Aires. Dicha jurisdicción dispuso el cobro de la atención médica programada para extranjeros que no acrediten residencia en el país, manteniendo la gratuidad en los casos de emergencia.
