Proponen prohibir los celulares en las cárceles y que los presos paguen sus gastos

La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir el uso de celulares en las cárceles y obligar a los presos a pagar los gastos que generan durante su detención. Esta iniciativa, impulsada por el diputado nacional Álvaro Martínez, propone modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

Conforme a lo presentado, la reforma a la Ley 24.660 busca combatir las estafas telefónicas, los secuestros virtuales y otros delitos organizados desde establecimientos penitenciarios. Además, incorpora medidas destinadas a fortalecer la reinserción social.

Los presos deberán pagar sus gastos carcelarios

El proyecto contempla la creación del Arancel Único Carcelario (AUC), que los presos deberían abonar mensualmente para cubrir los costos de su permanencia en prisión.

Entre los gastos incluidos se encuentran:

• Alimentación.
• Electricidad y agua.
• Atención médica.
• Uniformes penitenciarios.
• Servicios generales del establecimiento.

Asimismo, la iniciativa establece el uso obligatorio de uniformes beige o marrón claro. Estos permitirían identificar tres niveles de peligrosidad mediante líneas verticales.

Los presos de peligrosidad leve utilizarían una línea; los de nivel medio, dos; y los de alta peligrosidad, tres. En cambio, quienes estén próximos a recuperar su libertad vestirían prendas lisas.

Control de llamadas telefónicas en las cárceles

La propuesta también modifica las condiciones de comunicación de los presos con el exterior.

Cada interno podría solicitar autorización para llamar a un máximo de cinco números telefónicos previamente identificados y aprobados por la Justicia.

Sin embargo, se mantendría el contacto con familiares y abogados mediante teléfonos de línea. También se permitirían videollamadas con defensores para facilitar el acceso a la Justicia.

Cabe recordar que Martínez presentó en abril otro proyecto que establece penas de uno a tres años de prisión por tener celulares en las cárceles. La sanción aumentaría a entre tres y cinco años si el dispositivo fuera utilizado para cometer delitos.

Impulsan el trabajo productivo de los presos

La reforma también busca transformar las actividades laborales penitenciarias para favorecer la reinserción social.

Según datos oficiales de diciembre de 2024, el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas. De ellas, 7.545 percibían remuneraciones, pero solamente 2.922 realizaban tareas productivas.

Por ello, Martínez propone modernizar el ENCOPE, incorporar empresas privadas bajo supervisión y promover la comercialización de productos elaborados en las cárceles.