AFIP Intima Deudas de las Cargas Sociales

La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, hace unas semanas está enviando intimaciones a Empresas con deudas en las cargas sociales, más intereses y multas que alcanzan hasta casi un 40% de los sueldos que pagan a sus empleados. El fisco nacional intima y exige pago de las reducciones establecidas por el Decreto Nº 814/2001, que establece la contribución patronal del 17% destinada a los diversos subsistemas de la seguridad social.

La AFIP está enviando nuevas intimaciones a las empresas intimándolas por deudas en las cargas sociales no canceladas y de periodos no prescriptos,más  intereses y multas y además, apunta a quienes utilizaron las deducciones patronales.

De acuerdo a la normativa vigente dichas deducciones el aporte de 17% se incrementa al 21% cuando se trata de empresas de servicios, entre ellas casas de cambio y bancos, siempre que no sean una pequeña o mediana empresa.

El problema radica allí precisamente ya que para determinar si se trata de una Pymes, se hace a través de las ventas totales anuales que deben no superar los 48 millones. Que de acuerdo a la última modificación se incremento a casi $112 millones. Por ende, sólo deberían pagar dicho 21% las empresas de servicios que facturan por encima de tal cifra.

Pero la polémica está en que la AFIP apoyada en la Resolución General Nº 1095/2001, que establece que están sujetos al 21% los empleadores -comerciantes o prestadores de servicios- “cuya facturación bruta total correspondiente al promedio de los 3 últimos ejercicios comerciales o años calendario haya sido superior a $48 millones”, haciendo a un lado el nuevo importe lo que genera muchos reclamos.

También, existen intimaciones a contribuyentes que si bien no utilizaron anteriormente la reducción de aportes, luego de un asesoramiento aprovecharon la ventaja fiscal.

A los que, la AFIP los intima por “utilización retroactiva del beneficio de reducción de cargas sociales” y les exige presentar una declaración jurada rectificativa, en el término de 10 días, basándose en que el plazo tope para hacerlo es de dos años.