El presidente Javier Milei oficializó una profunda reforma migratoria estableciendo el cobro de los servicios de salud y educación universitaria para extranjeros. También refuerza los criterios de admisión, permanencia y expulsión, y endurece los requisitos para acceder a la residencia permanente y la ciudadanía.
Cobro de salud y educación para extranjeros no residentes
A partir de la publicación del Decreto 366/2025, los extranjeros con residencia temporaria, transitoria o en situación irregular deberán abonar por la atención médica en los hospitales públicos nacionales. Quedan exentos únicamente los casos de emergencia. También será obligatorio contar con un seguro médico como condición para ingresar al país.
En materia educativa, se habilita a las universidades públicas a cobrar aranceles a quienes no cuenten con residencia permanente. Aunque las instituciones podrán definir si aplican esta medida, el Gobierno de Javier Milei argumenta que busca proteger la sostenibilidad financiera del sistema y priorizar a quienes habitan legalmente en el país.
No obstante, la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes.
Cabe recordar que la propuesta de arancelamiento educativo había sido anunciada inicialmente como un proyecto de ley, pero fue finalmente implementada vía decreto. Mientras tanto, provincias como Jujuy, Salta, Santa Cruz y Mendoza ya aplican el cobro en los servicios de salud para extranjeros, precediendo esta política a nivel nacional.
La reforma migratoria ya comenzó a generar reacciones en distintas provincias y sectores políticos. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, adelantó que continuará garantizando la gratuidad de la atención médica sin discriminar por nacionalidad o estatus migratorio.
Deportación de extranjeros que cometen ilícitos
La reforma migratoria establece la deportación obligatoria de todos los extranjeros que sean condenados por cometer delitos en Argentina, sin importar la gravedad de la pena. Además, se prevé la expulsión inmediata de quienes ingresen por pasos no habilitados o mientan en su declaración de ingreso al país.
El objetivo declarado del Gobierno es reforzar la seguridad nacional y evitar que personas con antecedentes penales puedan permanecer o reingresar al territorio argentino. Esta disposición modifica el criterio anterior, que sólo contemplaba la expulsión en casos de delitos con penas mayores a cinco años.
Puntos clave del Decreto 366/2025
La reforma de Javier Milei también introduce nuevas restricciones migratorias que abarcan controles fronterizos, deportaciones y rechazo de ingreso. Entre las medidas destacadas figuran:
- Rechazarán a cualquier extranjero condenado que intente ingresar a través de la frontera.
- Expulsarán inmediatamente a quienes encuentren en flagrancia ingresando por pasos no habilitados.
- Deportarán a todo aquel que condenen por cometer cualquier delito.
- Los obligarán a pagar por los servicios de salud a los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales.
- Se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios a extranjeros no residentes.
- Se endurecen los requisitos para obtener la residencia permanente y ciudadanía argentina.
Fundamentos oficiales
El Gobierno de Javier Milei justifica estas medidas en base a los costos fiscales del acceso irrestricto a los servicios públicos por parte de no residentes y a la necesidad de regular los flujos migratorios en un contexto de creciente presión demográfica. También sostiene que el sistema vigente favorecía el uso abusivo de derechos sin una contraprestación económica por parte de quienes no tributan en el país.
Según el decreto, en 2024 el sistema de salud nacional destinó $72.000 millones a la atención hospitalaria de extranjeros, mientras que la matrícula de estudiantes universitarios extranjeros creció más del 130% entre 2015 y 2023.
