El presidente Javier Milei decidió vetar dos leyes aprobadas por el Congreso que otorgaban recursos clave para la educación superior y la salud infantil. Se trata del financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Las medidas se formalizaron con la publicación de los Decretos 647/2025 y 651/2025 en el Boletín Oficial.
Ambas iniciativas contaban con amplio respaldo legislativo. Su sanción fue para mejorar el funcionamiento de las universidades nacionales y reforzar la atención en hospitales pediátricos, especialmente el Hospital Garrahan.
El veto al financiamiento universitario afecta a docentes y estudiantes
El Decreto 647/2025 anula la ley que destinaba fondos a las universidades nacionales para actualizar gastos operativos y salarios. Este proyecto contemplaba la creación de partidas específicas, aumento de becas y fortalecimiento de la investigación. Según los cálculos de la oposición, representaba un incremento del 0,14% del Producto bruto Interno (PBI).
La respuesta de los gremios no se hizo esperar. Por ello, la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) anunciaron un paro total para mañana, viernes 12 de septiembre. El objetivo es visibilizar el impacto del recorte y movilizar a la comunidad educativa. Además, convocaron a una marcha al Congreso cuando la Cámara de Diputados debata la insistencia sobre la ley.
Desde el Ejecutivo, justificaron el veto por supuestas inconsistencias legales y la falta de fuentes de financiamiento explícitas. Sin embargo, sectores opositores y organizaciones universitarias denuncian un ataque directo a la educación pública.
La emergencia pediátrica fue rechazada con argumentos fiscales
Por medio del Decreto 651/2025, Javier Milei también vetó la ley que declaraba la emergencia pediátrica por un año. La norma asignaba recursos para recomponer salarios en el sector salud, adquirir medicamentos y mejorar la infraestructura del Hospital Garrahan y otros centros pediátricos del país.
La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado un costo de $65.573 millones entre julio y diciembre. Anualizado, el gasto alcanzaría los $133.433 millones. Para el Gobierno de Javier Milei, el proyecto era fiscalmente inviable y ambiguo en su alcance.
Dos tercios necesarios para pasar el veto
Ambos vetos fueron comunicados en el límite del plazo constitucional. Ahora, para revertirlos, el Congreso necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Según fuentes legislativas, Diputados iniciará el tratamiento la próxima semana.
El rechazo del financiamiento universitario y de la emergencia pediátrica se suma a otros vetos recientes de Javier Milei, como el de la emergencia en discapacidad. En todos los casos, el Presidente sostuvo que su prioridad es mantener el equilibrio fiscal, aun si esto implica rechazar leyes con amplio consenso social.
Recordemos que la ley de emergencia en discapacidad fue la primera normativa que consiguió pasar un veto presidencial en más de 20 años. Ante esta situación, las autoridades estudian judicializar la medida.
