El Gobierno de Javier Milei presentó un ambicioso proyecto de reforma del Código Penal que endurece las sanciones para múltiples delitos. Bajo el eslogan de «tolerancia cero», la iniciativa propone medidas que incluyen una restitución inmediata del inmueble al titular y penas mucho más severas para usurpadores.
Nuevas penas para usurpadores
Actualmente, el delito de usurpación conlleva penas que van de 6 meses hasta 3 años de prisión. Con el nuevo proyecto, esas sanciones se elevarían a un rango de 3 a 10 años, además de la obligación de pagar una multa. En casos de usurpación agravada, la pena podría escalar hasta 12 años.
También se plantea que, cuando ocurra un episodio de ocupación ilegal de propiedad privada, se ordene la restitución inmediata del inmueble a su dueño. Estas medidas se convertirían en parte del nuevo texto del Código Penal, siempre que sea aprobado por ambas cámaras del Congreso.
Durante la conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó cómo se abordaría la situación de los usurpadores si la reforma es sancionada. Afirmó que, ante el delito de usurpación, no sólo se buscará encarcelar a los responsables, sino también agilizar el proceso para recuperar el bien inmovilizado.
En el Decreto 55/2024, el presidente Javier Milei declaró al año 2024 como el «Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad». Esa medida simbólica prometía dar respuesta a los ciudadanos ante casos de usurpación. Sin embargo, hasta el momento no se había hecho efectiva una medida sobre el tema.
Recordemos que, en 2018, se presentó un proyecto de ley para establecer un Desalojo Express en 30 días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). No obstante, la normativa no fue sancionada.
Otras modificaciones al Código Penal
La reforma del Código Penal no se limita a la usurpación. Se proponen cambios estructurales como reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, eliminar beneficios para condenados, agravar delitos graves (como homicidio, robo, narcotráfico y corrupción) y establecer la imprescriptibilidad de ciertos crímenes. En varios casos se plantea que los condenados no puedan acceder a la libertad condicional, incluso en delitos conexos como la usurpación en situaciones de reincidencia múltiple.
