El Gobierno de Javier Milei oficializó la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, después de que la Justicia ordenara su aplicación de manera inmediata. Entre otras cosas, la medida pone en marcha el nuevo esquema de pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad.
Polémica por la ley de emergencia en discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en julio de 2025 como respuesta a la necesidad de garantizar prestaciones, PNC y servicios integrales para personas con discapacidad. Sin embargo, el Poder Ejecutivo vetó la norma por motivos presupuestarios, lo cual fue rechazado por los legisladores.
Tras la caída del veto, Javier Milei condicionó su vigencia a la definición de fuentes de financiamiento con el Decreto 681/2025.
Esa situación generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad, que llevaron la causa a la Justicia. En diciembre, el Juzgado Federal de Campana declaró inválida la suspensión de la Ley 27.793, ordenó su aplicación inmediata y fijó como plazo máximo el 4 de febrero de 2026 para que el Poder Ejecutivo pusiera en marcha la normativa en todos sus términos.
Finalmente, en la fecha límite, el presidente Javier Milei puso en marcha la ley de emergencia en discapacidad con el Decreto 84/2026.
Cambios aplicados por la reglamentación
La reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que establece las reglas de operación del nuevo régimen. Entre los puntos más importantes definidos por el decreto se encuentran:
- La creación del nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, con criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades detallados.
- Conversión automática de las PNC vigentes al nuevo esquema, previa verificación administrativa.
- La definición de requisitos de evaluación socioeconómica y procedimientos administrativos claros para la tramitación de prestaciones.
- Mecanismos de articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, que deberá consensuar los parámetros de evaluación con participación de provincias y organizaciones sociales.
- Establecimiento de auditorías periódicas, controles de transparencia y presentación de informes públicos sobre la implementación del sistema.
- Mecanismos de coordinación entre organismos estatales y la sociedad civil para garantizar la inclusión y protección de derechos.
Alcances y novedades del esquema operativo
La ley de emergencia en discapacidad buscará garantizar derechos básicos a personas con incapacidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. Entre los aspectos que destacan en la reglamentación se encuentran:
- La PNC equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio, con ajustes para casos de invalidez laboral o condiciones geográficas desfavorables. Es decir, no se modifica el monto a liquidar por Anses.
- El beneficio es compatible con empleo formal registrado, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
- Las prestaciones de interés público, como servicios de salud y programas de apoyo, quedan bajo políticas estatales coordinadas.
- El decreto prevé compensación y actualización de aranceles para sostener la calidad de atención de los prestadores.
Designaciones y estructura operativa
Con la reglamentación, el Gobierno oficializó designaciones clave dentro de la estructura que implementará la ley de emergencia en discapacidad:
- Alejandro Alberto Vilches fue designado como Secretario Nacional de Discapacidad, cargo desde el cual coordinará las políticas públicas del sector.
- Gianfranco Scigliano asumió como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, con responsabilidad en la normativa y validación de certificados de discapacidad.
- Esteban Rafael Giler quedó a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, encargada de articular herramientas de inclusión social, laboral y educativa.
Estos funcionarios serán claves para la puesta en marcha efectiva de la ley de emergencia en discapacidad. Esto se debe a que llevarán adelante la coordinación con organismos federales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.
