Ante la expectativa por el tratamiento que se le debe dar a la suba de las tarifas de gas, ayer se reunieron la Comisión de Energía, Minería y Combustibles del Senado para debatir los aumentos de tarifas del gas dispuestos por el Gobierno. Cuando se retiraba de la reunión Daniel Cameron, secretario de Energía, dijo que creen que: el «96 o 97% del universo está en condiciones de pagar la suba en este impuesto».
Antonio Pronsato, titular de Enargas, durante la reunión explicó que aplicar el aumento en zonas como San Isidro «no es un castigo», ya que tienen «la capacidad y socialmente el deber de asumir el pago del subsidio que antes se nos estaba dando, sacándolo seguramente de usuarios y casas de familia sin los recursos suficientes».
Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, también participó de la presentación
César Gioja, presidente de dicho organismo, antes del inicio de la comisión, sostuvo que: «buscaremos un equilibrio entre el usuario que no quiere pagar tarifas desorbitantes, y las necesidades del Estado de abastecer al país de este elemento fundamental que es el gas».
Gioja ya había dicho en declaraciones radiales que el martes en un encuentro previo «se planteó quienes iban a pagar esas diferencias y costos», y nombró a «los industriales, comerciales y también los residenciales de mayor capacidad adquisitiva, entendiendo por tales los que tenían mayor consumo, y en la calificación de ellos figuran aquellos que están en la clasificación R34», especificó.
El senador enumeró que: «el total de usuarios son 7 millones de hogares argentinos, y el 15% está en esa clasificación y tiene que hacerse cargo de financiar la diferencia entre el gas que se importa y el que se produce».
El bloque oficialista se reunió el martes en un intento por unificar posiciones en un tema que ha producido críticas en varias provincias y amenaza convertirse en un tema social crítico.
Según trascendió, la bancada K defiende las medidas y expresaron que los cargos sólo afectan al 19% de los consumidores domiciliarios, que son los de mayor capacidad adquisitiva.
En este sentido, una de las posibles soluciones que se habrían adelantado consistiría en un cambio de la segmentación de las tarifas de gas que afectaría en particular a las provincias pobres del Noroeste y del Nordeste.
La medida oficial, creada por decreto de noviembre último, establece un cargo fijo en la tarifa para afrontar el pago de las importaciones de gas, y produjo incrementos de los valores del hasta el 400 por ciento.
Ernesto Sanz, titular del bloque radical, afirmó que su partido va a «tratar de impedir por todos los medios el incremento en las boletas de uso domiciliario» y anticipó que «la UCR planteará por qué, en tiempos de bonanza económica y viento de cola, las tarifas no se tocaron y ahora, justo ahora cuando el mundo está en crisis, aplican un impuestazo imposible de afrontar».
Después de señalar que exigirá la derogación del decreto que dio origen a la medida, Sanz sostuvo que: «se gastan $9500 millones anuales en subsidiar la energía, por eso tienen que decir cuáles el destino real de esa masa de dinero, porque también se gastan $28.200 millones en subsidios, que sólo benefician aciertos amigos del Gobierno».
Rubén Giutiniani, socialista, también pidió la derogación del decreto 2067/08 y reclamó el reintegro del dinero adeudado de más por los aumentos y se abstengan de realizar cortes en el suministro del servicio derivados de la aplicación del decreto.
Télam
